Antonio Sánchez González. Médico.

«Libertad es hacer todo lo que no dañe a los demás». El adagio, conocido por todos, ha sido constantemente pervertido desde el comienzo de la epidemia. Tanto así que esta máxima que en su día fue diseñada para impedir la injerencia abusiva de las autoridades en la vida de los ciudadanos se está convirtiendo en coartada para justificarlos. La tradición política occidental estipula exclusivamente el uso de la fuerza contra los criminales; hoy, su papel evoluciona en dirección preocupante.

Ayer, en muchos lugares del mundo, incluido Zacatecas, los policías recibieron el mandato, no de perseguir a estos delincuentes, sino de poner a todo un pueblo bajo arresto domiciliario durante sucesivos encierros que ni siquiera se habían impuesto, antes, durante la gripe española. Ahora, en otras partes del mundo, como en Francia, se propone que estos agentes de policía impongan multas y penas de prisión a los responsables de establecimientos y reuniones que no discriminen a su público por motivos de salud.

Aunque sea necesario, ¿la lucha colectiva contra la epidemia y el fomento de la vacunación contra el Covid-19 justifican estas medidas extremas? A “circunstancias excepcionales, medidas excepcionales», argumentan quienes promueven la medida, pero las libertades no son un privilegio para tiempos de tranquilidad: de hecho, fueron proclamadas en tiempos muy difíciles.

En 1808, Fouché, el autoritario ministro del Interior de Napoleón, rechazó imponer la nueva técnica de vacunación desarrollada por Jenner a toda la población: «la dulzura y la persuasión son los medios más eficaces para lograr el éxito de la nueva inoculación», argumentaba, haciendo notar el conflicto entre el ideal de autodeterminación llevado por la Ilustración y la inoculación forzada: «hasta finales del siglo XVIII, parecía política y moralmente imposible imponerlo”. En estos conceptos se basa la mentalidad de la Medicina moderna acerca del uso de la fuerza en la salud pública.

Concedamos, momentáneamente, razón a los apóstoles de la fuerza. La lucha contra una epidemia es un proyecto social que requiere un alto nivel de coordinación dentro de una comunidad. Pero el propósito de una sociedad civilizada es hacer que la coordinación rime con la cooperación, no con la coerción.

La pandemia que estamos viviendo es global por definición. Afortunadamente, nadie está usando este hecho como excusa para exigir un Leviatán planetario que imponga una policía de vacunas a toda la humanidad, aunque el escenario de un planeta completamente vacunado es deseable. Hay muchos principios no negociables que rigen la acción colectiva. La libre determinación de los pueblos es uno, tanto como el consentimiento individual. Dirán, ¿no significa este consentimiento un permiso al no vacunado para contaminar a su vecino?

Es cierto que el no vacunado potencialmente puede infligir daños indeseables a sus congéneres al aumentar el riesgo de contaminación. En la jerga de las humanidades, se dice que les impone una «externalidad negativa». Sin embargo, hace medio siglo existe literatura científica, plasmada notablemente por el Nobel de Economía Ronald Coase, que explica cómo regular estos riesgos sin recurrir a medidas policiales, de forma consensuada, a través de la negociación contractual siempre que sea posible.

Consideremos, por ejemplo, el tema de la congestión hospitalaria, que es un caso de «tragedia de los bienes comunes»: un recurso limitado –como una cama de hospital– que está sujeto a acceso incondicional pero expuesto a la congestión, lo que perjudica a la comunidad. El trabajo de Elinor Ostrom, también Nobel de Economía, sobre «la gobernanza de los bienes comunes» nos da herramientas para superar esta tragedia sin recurrir a medidas policiales. Según Ostrom, los criterios que condicionan la gobernanza efectiva de los bienes comunes son una clara delimitación entre las personas autorizadas para explotarlos y las que no, y la aplicación de normas a un costo lo suficientemente fuerte como para evitar la congestión: condicionemos el reembolso de los gastos hospitalarios o la atención relacionada con el Covid a la vacunación. Los no vacunados no podrían repercutir el costo de su comportamiento a la comunidad. Dado que subestiman la peligrosidad del virus, no verán ningún problema en renunciar o pagar caros los cuidados médicos que ellos manifiestamente desprecian.

Montesquieu escribió que la seguridad de los ciudadanos dependía principalmente de la «bondad de las leyes penales». Por eso nuestras sociedades deben aprender a resolver sus problemas de seguridad y salud sin acumular medidas policiales, de lo contrario se están exponiendo a males mayores que aquellos contra los que dicen estar combatiendo.