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Reclutamiento forzado de menores al crimen, el fenómeno ignorado en Zacatecas

ONU advierte de secuelas de por vida para la salud y el bienestar de menores víctimas de reclutamiento

Irene Escobedo López

Sobre la magnitud del reclutamiento forzado de jovenes y menores de edad hasta hoy poco se sabe. Se estima que en México hay un promedio de 30 mil víctimas pero pese a las denuncias en Zacatecas sigue siendo una estadística oculta.

El reclutamiento de menores en las filas del crimen organizado es un fenómeno que se vivió en Colombia en los años 90 y pero que en México ha sido documentado solo en años recientes y no en todos los casos. Sobre el tema que afecta a nuestra entidad, la alarma se activó recientemente desde Aguascalientes.

No es la primera vez que la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel abre el debate sobre la inseguridad que se vive en Zacatecas. Reiteradamente ha aportado datos y ha argumentado sobre el impacto de la violencia sobre todo en los municipios colindantes con nuestra entidad.

Esta vez la acusación de la gobernadora no va al fondo, pero lanza el aviso: “jóvenes de 17 años están siendo reclutados en Zacatecas y los están mandado para Aguascalientes”. Los datos revelados por Jiménez Esquivel se desprenden de las detenciones que los cuerpos de seguridad han realizado en territorio hidrocálido.

Cuántos menores son, cuáles son sus rostros y qué los motiva a integrarse a los cárteles, nadie lo revela, Teresa Jiménez se reserva detalles y en Zacatecas no se aportan cifras. Las únicas a encender las luces sobre el fenómeno del reclutamiento de menores son las organizaciones civiles como Redim, Reinserta y Cauce Ciudadano, además de la ONU.

Al reclutamiento forzado de menores la Organización para las Naciones Unidas ONU lo define como una modalidad según la cual muchos niños son secuestrados y golpeados hasta lograr su sumisión. Son miles de niños en esta condición más de 30 mil solo en nuestro país y un número indeterminado en Zacatecas.

Las victimas, por su minoria de edad, son niños que aún no han desarrollado el concepto de la muerte, viven con múltiples carencias y desde antes de pertenecer a la delincuencia organizada ya sufrían el abandono del estado y de sus familias, denuncian organizaciones no gubernamentales, su reclutamiento forzoso o voluntario es un desesperado intento por sobrevivir; la mayoría son niños varones que no tienen alternativa, enrolarse o no, su destino siempre será el mismo arriesgar la vida y hasta quizás perderla.

Recientemente la ONU lo ha advertido, el fenómeno está no solo en México, son miles los menores que continúan siendo secuestrados, reclutados, abatidos, lisiados y violados en conflictos en todo el mundo. En Zacatecas existen evidencias de que la inseguridad ha trastocado a nuestros niños y comunidades y aunque se carece de datos precisos, los propios familiares de las víctimas se han encargado de señalar el delito.

En agosto del año pasado los padres de Aldo Acevedo Sánchez de 17 años denunciaron ante la prensa que su hijo fue secuestrado en el municipio de Tepetongo, pero la denuncia pública dejó en evidencia que el de Aldo, no sería un evento aislado según advirtieron sus padres. “A los jóvenes, hijos de familias pertenecientes a las comunidades de Juanchorrey, Sierra Fría, El Salitre, El Venado y otras localidades, en los municipios de la sierra de Jerez, Villanueva y Valparaíso, se los están llevando por la fuerza y requerimos con urgencia apoyo del gobierno para rescatarlos”. Este sería también el caso de jóvenes Wixaricas pertenecientes a por lo menos tres comunidades de Valparaíso y a otros municipios colindantes de los estados de Durango y Jalisco.

En noviembre del 2021, el periódico El Sol de México ya difundía el riesgo bajo el que crecen los adolescentes más pobres del estado de Zacatecas, quienes no tienen opción para negarse a integrarse al crimen organizado. “te reclutas, o apareces muerto”, fue el testimonio de Gregorio, una joven víctima de reclutamiento forzado que vio morir uno a uno y de manera cruel a muchos de sus amigos.

Ese mismo año la organización Reinserta emitió precisamente el informe donde se revela que los niños están siendo parte de organizaciones criminales en México. El estudio se realizó a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Previo a este informe se tienen datos de que, ya desde 2013, unos 75 mil menores estaban siendo utilizados por los grupos de la delincuencia organizada, según informó la asociación Cauce Ciudadano.

Entre los factores sociales de riesgo para el reclutamiento forzado y hasta voluntario se encuentran la exclusión social, la pobreza, el maltrato, la inseguridad, las desigualdades y la violencia, asegura Redim, organización social que agrupa una coalición de 77 organizaciones de la sociedad civil mexicana que desarrollan programas a favor de niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.

Para las organizaciones integrantes de Redim, cuando un niño o adolescente decide ser reclutado no lo ve como un delito, sino como una oportunidad para pertenecer a un grupo, ganar dinero, obtener reconocimiento y respeto, “el crimen les ofrece el reconocimiento y el dinero que el Estado y la sociedad no les permiten obtener de forma legal” deducen los integrantes de Redim.

Para la ONU, la distinción entre el reclutamiento “voluntario” y el reclutamiento forzado carece de sentido, ya que, incluso en el caso de que los niños se suman “voluntariamente”, se trata de un desesperado intento por sobrevivir, mientras que para las organizaciones criminales los niños son considerados una alternativa económicamente eficiente porque los consideran fácilmente doctrinables.

En ocasión del Día Internacional contra la Utilización de Niños Soldado celebrado en Bruselas el pasado 12 de febrero, la Organización para las Naciones Unidas condenó el reclutamiento forzado de menores y advirtió que las menores víctimas de reclutamiento son niños que tendrán secuelas de por vida para la salud y el bienestar.

El llamado de la ONU es a los países donde los niños son utilizados para usar armas, cada uno de esos gobiernos debe aplicar las normas y estándares de Derechos Humanos y trabajar en la protección de los menores. Al respecto ya hay un primer y muy importante precedente, la condena a 14 años de prisión dictada por el Tribunal Penal Internacional en contra de Thomas Lubanga, criminal de guerra convicto acusado de reclutar a niños soldados en la región de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo.

Recientemente la Unión Europea (UE) anunció que destinará los 930 mil euros del Premio Nobel de la Paz para apoyar la educación de los menores afectados por conflictos armados mientras que la ONU asumió que continuará impulsando medidas para combatir la impunidad de los responsables de estos abusos.