La justicia debe ejercerse sin presiones ni condicionamientos enfatizó la homenajeada ante juezas de todo el mundo 

Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido galardonada con el premio Derechos Humanos 2023 por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Durante la ceremonia, enfatizó la importancia de ejercer la justicia sin presiones ni condicionamientos.

Piña destacó que para que la función jurisdiccional se convierta en un mecanismo de protección de los derechos humanos y de nuestras democracias constitucionales, es fundamental desempeñarla de manera libre, sin influencias externas. «Nuestra única presión debe ser cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales que nuestros países han decidido adoptar», afirmó la presidenta de la Corte.

Ante juezas de todo el mundo, Norma Piña recordó la importancia de la independencia judicial para garantizar los derechos de todas las personas. La impartición de justicia debe realizarse sin subordinación interna o externa.

Además, la ministra hizo un llamado a sus colegas a mantenerse unidas frente a la inseguridad generada por la fragilidad de lo logrado.

La entrega de este reconocimiento se produce después de las críticas y ataques por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien menospreció el trabajo de la ministra al enterarse de que recibiría el premio. López Obrador hizo comentarios despectivos y desvalorizó los reconocimientos internacionales.

Es importante destacar que las críticas hacia el Poder Judicial no cesan, especialmente después de que la Corte invalidara la primera parte del llamado «Plan B» de la reforma electoral propuesto por el presidente. López Obrador ha acusado al Poder Judicial de prepotencia, autoritarismo y corrupción, y ha anunciado la llegada de un «Plan C».

A pesar de las críticas, la Suprema Corte ha seguido ejerciendo su función y, recientemente, invalidó el primer decreto del «plan B» al determinar que su aprobación violaba el proceso legislativo establecido en la Constitución.

El poder judicial continúa enfrentando desafíos y críticas, pero su independencia y papel en la protección de los derechos humanos son fundamentales para el funcionamiento de un Estado de Derecho sólido.