-Por Jaime Santoyo Castro

Esta es una pregunta que nos hacemos muchos ciudadanos cuando nos enteramos que, en un excesivo garantismo, los jueces fallan a favor de declarados delincuentes, en resoluciones que a mi parecer, ponen en peligro las mismas garantías que dicen proteger, pero esta vez, en contra de la sociedad entera.

Recuerdo un aforismo latino que reza: “fiat justitia, pereat mundus” (que se haga justicia, aunque con ello perezca el mundo). Esta teoría sostiene que la sociedad piensa que es mejor preservar un poquito mejor el mundo, aunque para ello haya que aceptar el riesgo de una cierta dosis de injusticia.

En ocasiones, nuestros policías, sea municipales, estatales o federales, los miembros del Ejército Mexicano y los de la Marina Armada de México, se debaten entre actuar o no actuar en contra de quienes quebrantan la ley, porque no existen normas claras que sustenten su actividad, y también porque luego corren el riesgo de ser enjuiciados ante las instancias defensoras de los derechos humanos.

En todo debe haber medida. La ley establece una serie de conductas nocivas a la sociedad, tipificadas como delitos, y para cada una señala mínimos y máximos de las sanciones imponibles. Existe incluso un aforismo que señala: “Nulla poena sine lege”, que quiere decir que no puede haber sanción si no existe previamente en ley la conducta prohibida. Bien sabido es que en el pasado, y aún en ocasiones en esta época, se han cometido muchos abusos por parte de las autoridades, que han degradado la dignidad humana y por ello ha surgido con mucha fuerza en el mundo, la protección a los derechos humanos, que incluye también a los presuntos delincuentes, a los procesados, o a los sentenciados por la comisión de algún delito.

Es decir, la sociedad, aunque dolida por la conducta delictiva de algunos, pone a su disposición una serie de normas, mecanismos e instituciones, para proteger sus derechos humanos y su dignidad. Al menor asomo de violación de los derechos humanos, el violentado exige justicia, lo cual es adecuado.

Soy un convencido de que debe respetarse la dignidad humana; pero es menester observar que ninguna norma debe verse como un pacto suicida. El respeto a los derechos humanos obliga sólo a la autoridad;  pero quién responde por los derechos humanos violentados de las víctimas de los delitos?

La tortura es un delito que sólo existe cuando el Estado la practica; y la que practican los particulares en contra de particulares?

Si la autoridad está limitada por esa imprecisión en cuanto al alcance de los derechos humanos, y ello se vuelve en contra de la misma al ser enjuiciados, deben dejar de actuar? Su actividad orientada a perseguir el delito es un delito?

No seamos más papistas que el Papa. Quizá con un poco menos de dogmatismo jurídico podamos contribuir al respeto del estado de derecho por parte de la sociedad y mantener un orden social armónico.