Jaime Santoyo Castro

Desde la constitución federal de 1824 se estableció en México la obligación de rendir cuentas a la población del resultado de las actividades de gobierno; en principio para el Gobierno Federal y luego se adoptó en las constituciones locales para los Gobernadores y para los Presidentes Municipales. 

Esta práctica democrática ha sido seguida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Senadores, Diputados Federales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Instituto Nacional Electoral, etc y a nivel local, los Gobernadores, Presidentes Municipales, Diputados Locales, los Tribunales Superiores de Justicia, y demás Tribunales, las Comisiones de Derechos Humanos, los Rectores de las Universidades, los Institutos locales de Acceso a la información, los Institutos Electorales, etc. etc.

Es asombrosa la cantidad de informes que recibe la sociedad de diferentes actores de la vida pública, lo que de suyo implica la existencia de una sociedad, además de bien informada, satisfecha con el actuar de quienes están en la esfera gubernamental administrando los recursos públicos y atendiendo las necesidades de la población, pero resulta que no es así.!!!

La nuestra pudiera ser la sociedad más informada, pero al mismo tiempo la más ignorante de la historia, porque la información que se transmite no tiene la misión de ilustrar. 

Los informes han servido para muchos objetivos e intereses, menos para informar en serio a los gobernados. Durante muchos años, principalmente durante el período de un solo partido, fueron el escenario versallesco para rendir pleitesía y honores al mandatario en turno, del nivel que fuera, preparado el informe para el aplauso, para el lucimiento y no para informar. 

Cuando los grupos opositores hicieron presencia, los informes sirvieron a éstos para ensayar estrategias de interpelación y de protesta; para establecer posicionamientos y visiones contrarios al gobierno que informa, pero a otros les ha servido para atorar, chantajear, negociar, y obtener ventajas que en otras circunstancias no podrían ganar.

Cuando vienen los informes son muchos y muy variados los grupos que amenazan con plantarse en el lugar del informe y se inicia una intensa negociación con todos esos grupos a efecto de limpiar el camino y no dar una mala imagen. El amarillismo se hace presente, pero nunca el interés por lograr informar de verdad. Lástima, ¡¡porque es una buena práctica democrática!!