En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado a las instituciones de seguridad mexicanas para abrir su información y esclarecer las desapariciones que enfrenta el país, donde más de 110 mil personas se encuentran desaparecidas.

La ONU-DH emitió un comunicado en el que exhortó a las instituciones de seguridad e inteligencia a proporcionar acceso a la información que permita esclarecer los casos de desapariciones, encontrar a las personas desaparecidas y sancionar a los responsables. En este sentido, resaltó la importancia de mantener roles civiles y democráticos sobre los aparatos de seguridad, asegurando que sus funciones se ajusten a la ley y persigan fines legítimos.

Jesús Peña, representante adjunto en México de la ONU-DH, afirmó que es fundamental garantizar el acceso a la información y el pleno funcionamiento de los aparatos de seguridad e inteligencia, especialmente cuando existe evidencia de desviaciones de sus funciones. Además, resaltó que los esfuerzos normativos e institucionales en México deben ser acompañados por una colaboración efectiva de los aparatos de seguridad para superar las resistencias y trabajar en conjunto con las instancias especializadas.

En el comunicado, la ONU-DH reconoció los avances normativos e institucionales que ha tenido México en materia de desapariciones, pero enfatizó la necesidad de que las instituciones de seguridad se sumen plenamente a estos esfuerzos. Asimismo, subrayó la importancia de preservar la integridad de archivos, registros y bases de datos necesarios para garantizar los derechos de las víctimas.

México enfrenta una crisis persistente de desapariciones relacionada con la violencia del crimen organizado. El país superó el año pasado la cifra histórica de más de 100 mil personas desaparecidas desde que hay registro. Las acusaciones de obstaculización de investigaciones por parte de las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad han sido recurrentes, incluyendo el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014.

La renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, en días pasados también ha generado controversia y críticas por presuntas presiones para modificar el censo de desapariciones.

La ONU-DH resaltó que negar el acceso a la información y obstaculizar investigaciones socava los derechos de las víctimas, debilita la confianza en las instituciones y contradice normas e instrucciones emitidas por las autoridades estatales.