En los últimos 46 días, un total de 106 vehículos han sido reducidos a cenizas en actos de violencia que han dejado perpleja a la nación. Los hechos, que se han extendido por 13 estados del país, reflejan una combinación preocupante de acciones del crimen organizado y el hartazgo de la población ante demandas ignoradas por las autoridades locales y federales.

La ola de incendios de vehículos ha tenido lugar en Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, en un período que abarca desde julio hasta el 11 de agosto, según un análisis realizado por Organización Editorial Mexicana (OEM).

Los estados más afectados por esta oleada de violencia vehicular son Guerrero, con 27 unidades siniestradas, seguido de Veracruz con 17 y Chihuahua con 12. Los incidentes, que han involucrado a grupos de la delincuencia organizada en su mayoría, apuntan a una estrategia de intimidación hacia la sociedad y a una exhibición de poder ante grupos rivales y autoridades.

Especialistas en seguridad pública y política han analizado estos actos como una forma de narcoterrorismo, que busca sembrar el miedo y evidenciar la incapacidad de las autoridades para brindar seguridad a la población. Ataques con bombas y coches bomba también han sido parte de esta campaña de violencia, lo que lleva a algunos expertos a calificarlos como actos de terrorismo en sí mismos.

Los incidentes varían en naturaleza, pero comparten la característica de causar un impacto tanto en la sociedad como en el sistema de justicia. Pobladores y manifestantes también han participado en la quema de vehículos como forma de protesta por distintas causas locales, sumando a la complejidad del panorama.

A pesar de la magnitud y consecuencias de estos actos, los especialistas advierten que la tipificación de estas acciones como terrorismo no está respaldada por los elementos necesarios. En lugar de ello, se podrían presentar cargos por robo, daño a propiedad privada y obstrucción de vías de comunicación.

Se busca la intervención de las autoridades pertinentes, mientras los ciudadanos quedan atrapados entre el miedo y la indignación, y los analistas hacen un llamado a la atención urgente de este asunto a nivel gubernamental y social. Las pérdidas materiales y humanas en estos incidentes son significativas, pero también lo son las implicaciones sociales y psicológicas que dejan en su estela.