Una comediante británica, Sofie Hagen, recientemente acusó al Instituto Inglés para la Investigación del Cáncer de intimidar a las personas gordas, después de que la organización lanzó una campaña para crear conciencia del vínculo entre el cáncer y obesidad. A través de una serie de tuits cargados de improperios, criticó a la organización por sus mensajes dañinos, alegando que ser gordo no era igual a ser enfermo.

Si bien nadie debería sufrir bullying por su peso o por lo que come, es importante hacer una distinción entre la conciencia de la salud y la crueldad. En ese caso, el instituto británico del cáncer no estaba criticando a un individuo por su sobrepeso, sino que señalaba que la obesidad es ahora la segunda causa de cánceres relacionados con el estilo de vida, un hecho del que solo es consciente una pequeña fracción del público.

Se espera que siete de cada 10 millennials tengan sobrepeso u obesidad antes de que cumplan 30 años, en comparación con la ya alarmante mitad de los baby boomers, y que la carga demográfica de afectados por diabetes tipo 2 será paralizante. Estados Unidos, México y la mayoría de los estados de Europa occidental son alarmantemente gordos y constituyen preocupación legítima del sistema sanitario del mundo. Sin embargo, los gobiernos de nuestros países han eludido el problema hasta hoy. Los vendedores de comida y bebidas son demasiado poderosos.

La obesidad no está causada por falta de ejercicio. La causa conductual está en comer y beber mucho y mal, de la misma manera que el cáncer de pulmón y las enfermedades respiratorias se deben al tabaco. El mundo ya tuvo que afrontar esa crisis: la disminución constante de las enfermedades pulmonares durante más de 40 años está directamente relacionada con el abatimiento de las cifras de tabaquismo, consecuencia de regulación más estricta. Claramente, en los Estados Unidos, los hombres dejaron de fumar más rápido que las mujeres, y dejaron de morirse.

La obesidad debe tratarse como una pandemia. No hay argumento en contra. A la industria del azúcar le encanta despistar a la opinión pública, argumentando que la responsabilidad recae en las escuelas y los padres. Sí es absurdo que todavía se permita la publicidad que muestre a familias felices metiéndose a la boca grandes cantidades de comida «mala», como sucedía cuando se anunció que el tabaco tenía atractivo sexual o era medicinal (de veras, el tabaco se llegó a vender como medicina). Es irresponsable anunciar productos a los niños, especialmente durante los programas populares, que sabemos que los van a matar de enfermedades largas y costosas. Y es absurdo que se permitan los establecimientos de comida rápida cerca de las escuelas.

El gran desafío es el precio. No hay hilos negros por descubrir. Las bebidas con alto contenido de azúcar y los alimentos hiperprocesados deben ser gravados severamente, como se hace con los cigarrillos. Y si queremos ser serios, el alcohol debería estar más gravado que ahora. La comida escolar debe ser monitoreada para niveles de grasa, harina y azúcar. Los paquetes deben etiquetarse en consecuencia. Estas serían tareas de un gobierno responsable.

No nos confundamos: nada de eso infringe la libertad individual. Los únicos límites son los que deben marcarse a la libertad de las empresas para abusar de los cuerpos de otras personas. La obesidad es una amenaza mucho mayor para la salud personal que la marihuana y, sin embargo, promovemos la una y penalizamos a la otra.

El problema es político. Cuando en 2014 el gobierno de Peña Nieto propuso un impuesto del 20% sobre el azúcar, los aullidos de la industria de alimentos y bebidas provocaron una humillante capitulación. Cuando se propuso la obesidad como una asignatura obligatoria en las escuelas, los docentes protestaron porque los obligaba a dar conferencias sobre la apariencia de los padres y los niños. Tarde o temprano estas vacilaciones terminarán y no será suficientemente pronto. En una década, siete de cada 10 millennials podrían tener sobrepeso o ser obesos. Y eso es absurdo.