Con su Plan B en reforma electoral está impulsando un golpe de estado

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador recientemente ha estado promoviendo el plan B de la reforma electoral; en la que consiste en realizar algunos cambios a 70 artículos de la minuta de reforma a la legislación electoral.

Morena en el Senado se prepara para enmendar la plana a los diputados, eliminando la transferencia de votos que permitiría dar vida artificial a los partidos pequeños, así como la especie de Estado indígena que anularía la aplicación de leyes electorales nacionales en sus territorios, entre otras disposiciones, contrarias a la Constitución en su gran mayoría.

Las modificaciones que prevén realizar las comisiones de Gobernación, presidida por Mónica Fernández, y de Estudios Legislativos Segunda, que encabeza Rafael Espino, ambos morenistas, son producto de la discusión interna del partido en el Senado, tras la advertencia de Ricardo Monreal, su coordinador, sobre los riesgos de inconstitucionalidad en la minuta enviada desde San Lázaro.

Pese a los cambios que impulsa Morena, en el dictamen que analizarán, las comisiones se mantienen temas que preocupan a la oposición y especialistas, como la eliminación de juntas distritales, la compactación de la estructura orgánica del INE y la supresión de la veda electoral, lo que daría paso a eventuales acciones de inconstitucionalidad.

Dicha propuesta ha levantado diferentes reacciones en el ámbito político, una de ellas, la de Porfirio Muñoz Ledo, quien acusó al mandatario de impulsar un golpe de Estado.“La iniciativa electoral de AMLO significa un golpe de estado contra nuestro régimen constitucional.

El Senado no debe aprobarla y el Presidente debe ser procesado ante la Corte Penal Internacional. Tenemos el derecho a rebelarnos contra la opresión”, señaló.

Durante la votación que ocurrió en la Cámara de Diputados, el pasado miércoles 7 de diciembre, el plan B de la reforma electoral, impulsado por el mandatario, obtuvo 261 votos a favor y 216 en contra; puesto que el paquete de reformas se turnó al senado para su discusión.

Los partidos aliados de la llamada 4T incluyeron cambios en el Artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos, que “los partidos políticos con registro nacional vigente conservarán su registro local y obtendrán financiamiento público en la entidad correspondiente, con la sola conservación de su acreditación nacional”.