Por Jaime Santoyo Castro

El título de esta colaboración tiene una palabra que casualmente hace coincidir el nombre del lugar de los hechos en que fueron secuestrados siete jóvenes, con la desafortunada acción del Estado, que no puede ser calificada positivamente para decir que la conducción se dirige con un buen paso.

Ninguna palabra; por elocuente que sea, puede transmitir el dolor de las familias de estos siete jóvenes, casi niños, cuyas vidas e ilusiones fueron truncadas sin causa, sólo por ser jóvenes, y ello transmite también a la sociedad zacatecana entera no sólo la impotencia de sus familiares, sino el sentimiento de que nos encontramos inermes ante el embate del crimen, del      que nada ni nadie se salva.

Lamentablemente, el estado de Zacatecas es uno de los que han padecido más violencia del crimen organizado en los últimos meses, pues se ha convertido en escenario de enfrentamientos entre grupos delictivos que se discuten los territorios y las rutas que se acomodan a sus intereses. Según las cifras oficiales, de enero a agosto de este año, 536 personas fueron asesinadas en el estado, la mayoría con arma de fuego, pero son pocos los casos en los que se emitan sentencias condenatorias por estos casos, lo que se traduce en una gran impunidad. Cómo se puede detener el avance de las acciones criminales, si éstas van avanzando sin castigo?

Todavía resuena el caso de los jóvenes de Colotlán, el de Raúl Calderón, de los  desaparecidos de Jerez; los de la cancha de rebote en Guadalupe, los migrantes asesinados en la Bufa, el caso de la mujer policia en la Encantada, los asesinatos de la Comarca, de Villas de Guadalupe, de Fresnillo, de Valparaíso y de tantos y tantos casos hasta ahora sin castigo.

La autoridad, de los tres niveles de gobierno, se ha empequeñecido. La sociedad se siente desamparada y tiene que salir a las calles a gritar justicia¡¡

La responsabilidad del Estado en estos casos es múltiple y abarca diversas áreas, ya que su deber es proteger la vida y la seguridad de todos sus ciudadanos. Algunas de las responsabilidades clave del Estado en estos casos incluyen:

•                         Prevención del crimen: El Estado debe implementar políticas y programas de prevención del crimen que aborden las causas subyacentes de la criminalidad, como la pobreza, la falta de educación, el desempleo y la desigualdad, lo que implica inversión en educación, servicios sociales y programas de empleo juvenil.
•                         Aplicación de la ley: El Estado debe mantener un sistema de aplicación de la ley efectivo que investigue y procese los casos de asesinato y otros delitos violentos. Para ello es necesaria la asignación adecuada de recursos a las fuerzas de seguridad y a los sistemas judiciales, pues de otra manera no se puede garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.
•                         Protección de testigos y víctimas: El Estado debe tomar medidas para proteger a testigos y víctimas de crímenes violentos, especialmente en casos donde los jóvenes están involucrados. Esto puede incluir la provisión de programas de protección de testigos y apoyo a las víctimas.
•                         Rehabilitación y reinserción: Cuando sea posible, el Estado debe ofrecer programas de rehabilitación y reinserción para jóvenes delincuentes con el objetivo de reintegrarlos de manera efectiva en la sociedad y prevenir la reincidencia.
•                         Políticas de control de armas: El Estado debe implementar políticas de control de armas efectivas para reducir el acceso ilegal a armas de fuego y minimizar la violencia armada.
•                         Educación y concienciación: El Estado puede desempeñar un papel importante en la educación y la concienciación pública sobre la prevención de la violencia y el crimen. Esto incluye campañas educativas sobre la resolución pacífica de conflictos y la promoción de valores que fomenten la convivencia pacífica.
•                         Atención a las comunidades afectadas: El Estado debe brindar apoyo y recursos a las comunidades afectadas por la violencia, especialmente a las familias de las víctimas. Esto puede incluir asistencia psicológica, apoyo social y servicios de salud mental.

En resumen, la responsabilidad del Estado en casos en los que el crimen asesina a jóvenes implica una combinación de medidas preventivas, de aplicación de la ley y de apoyo a las víctimas y a las comunidades afectadas. El objetivo es reducir la incidencia de la violencia y garantizar que aquellos que cometen crímenes sean llevados ante la justicia, al mismo tiempo que se abordan las causas subyacentes de la criminalidad.