Corrupción e inseguridad son, seguramente, las dos palabras más repetidas durante las campañas que desembocaron en la pasada elección presidencial, y según los sondeos de opinión, los dos factores que más preocupan a los mexicanos.  La repetición constante de la primera sirvió como caballito de batalla del candidato ganador y hoy cuasi presidente electo, al punto del meme y la burla.

Sin embargo, todos sabemos por lo evidente, y a pesar del montón de chistes hechos a propósito de la viveza con la que López Obrador usó el término de forma a veces ligera, la corrupción no es un tema menor. Un vistazo a las escandalosas cifras, incluidas las oficiales, ruidosamente explica el interés de los mexicanos en este asunto. Su obscenidad explica el enojo.

El fenómeno de la corrupción tiene un común denominador con la inseguridad: impunidad. Las mismas cifras oficiales mexicanas, pero también las de instituciones internacionales dedicadas a estos temas, demuestran que una de las razones por las que en México crecieron ambos fenómenos es, precisamente, porque en nuestro país rara vez el que la hace la paga.

Desde hace más de cuatro años, la Constitución ordena que México tenga un fiscal general. Su cometido es dirigir la nueva Fiscalía General de la República, responsable de investigar y resolver de forma autónoma y no subordinada al presidente como es hasta hoy la PGR, los delitos federales, los casos de corrupción de funcionarios públicos y los ilícitos electorales.

El Sistema Nacional Anticorrupción aún no ha sido integrado en su totalidad, pues faltan los nombramientos de los magistrados federales de la materia y de fiscal anticorrupción. El nombramiento de este último, hasta hoy, es prerrogativa del fiscal general. El problema es que, hasta ahora, éste fiscal no ha sido nombrado.

La semana pasada Andrés Manuel López Obrador anunció lo que ya había avisado desde el inicio de su campaña presidencial: que entre sus primeras acciones está la de buscar un fiscal general bajo el procedimiento aprobado en la reforma legal de 2014 y escrito en el artículo 102 de la Constitución, que pone en entredicho la indispensable independencia del fiscal con quien ejerza el poder ejecutivo.

Desde hace meses, un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil, académica, empresarial y otros organismos no gubernamentales han sostenido una movilización para retrasar el nombramiento del Fiscal General de la República hasta que no se modifique la constitución para asegurar la completa autonomía de quien ejerza el cargo, de manera que se construya un escenario que nos asegure el abatimiento de la impunidad.

No se discute quién elige al fiscal. Las organizaciones que promueven la revisión del artículo 102 de la Constitución no quieren ser ellas las que elijan al fiscal. No se pone en duda que el presidente debe elegir al fiscal.

La reforma planteada y apoyada por muchos de nosotros, incluido el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, propone que sean requisitos para ser nombrado Fiscal General de la República, que el aspirante no haya sido candidato o haya ocupado un cargo de elección popular, ni titular de la PGR, ni haya tenido puestos de dirección en partidos políticos por lo menos en los 4 años previos a su designación; que el Senado elabore una lista de al menos 6 candidatos previo concurso público y evaluación técnica llevada a cabo por una Comisión de Designaciones compuesta de forma honoraria por ciudadanos de reconocido prestigio académico o profesional en procuración de justicia, derechos humanos, combate a la corrupción y políticas públicas en materia de seguridad y justicia para que, entonces sí, de esa lista el presidente elija una terna a partir de la cual el Senado nombre al susodicho fiscal por mayoría calificada y en audiencia pública, a la vista de todos los ciudadanos.

Necesitamos una fiscalía que tenga cuerpo sano, con cabeza también sana.