Jaime Santoyo Castro

Nunca, como ahora en Zacatecas, había sido tan importante reflexionar acerca de la relevancia que la política y los políticos tienen en el respeto a la vida, a la libertad y a la justicia. Hoy somos testigos de un hecho que no tiene precedentes en la historia de la Entidad: la acusación que pesa sobre una autoridad municipal a quien se le señala como presunto coautor de los delitos de homicidio y robo calificados.

Un hecho que ha cimbrado profundamente a toda la sociedad zacatecana, porque la víctima era un joven abogado conocido en el mundo de la música con un buen ambiente entre sus amigos y familiares, en tanto que el presunto responsable es un joven político activo, trabajador, con buen paso en el cumplimiento de su encargo, que la había valido la reelección; es decir, un suceso de esos que no se pueden creer y que trasciende de lo meramente antijurídico a lo político y lo social, por tratarse el imputado de un funcionario con amplio futuro, lo que es causa de asombro, pues la autoridad municipal debe ser garante del bienestar social, de la legalidad y de la justicia.

Este hecho pone en movimiento los tres valores apuntados en el título de esta colaboración, porque se refiere a la pérdida de la vida de un abogado presuntamente a manos de la autoridad. Pone en juego la libertad del presunto responsable, y se pone a prueba la actuación de la fiscalía y en su momento de la autoridad jurisdiccional para sancionar al responsable; asunto en el que la sociedad exige pleno equilibrio.

En qué momento, o qué es lo que hace que el servidor público pierda la prudencia y el control de sí mismo que lo obliga a romper el equilibrio entre la autoridad, la legalidad y la justicia? Es frecuente ver que se pierda de vista la responsabilidad de gobernar para bien de los demás e ir en pos de un objetivo personal, como se ve en la corrupción y en el abuso de poder, pero afortunadamente no se observan muchos casos que terminan con la pérdida del cargo, de la libertad y de la vida.

Los dos primeros tienen explicación en el mareo que produce el poder, pero la última no tiene sentido patrimonial, y no tiene una clara explicación. Lo que sea, hay que destacar en este caso, la adecuada función de los tres poderes del Estado, toda vez que la Fiscalía, basada en una amplia investigación, ha integrado un expediente que expone una versión de la secuencia de los hechos y con tales elementos, fundada en derecho, solicitó al órgano jurisdiccional la emisión de la orden de aprehensión y a la Legislatura el desafuero para proceder.

El órgano jurisdiccional giró la orden de aprehensión y la Legislatura por su parte, considerando los requisitos de ley, privó del cargo y del fuero al presunto responsable para dejarlo a disposición de las autoridades. Queda pendiente la ejecución de la orden de aprehensión y el seguimiento del proceso, en el que, con detenidos o sin ellos, se aplique estrictamente la justicia. En resumen, la política debe encontrar el equilibrio adecuado entre la vida, la libertad y la justicia.