Jaime Santoyo Castro

El artículo 1º de la Constitución Mexicana establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia norma fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y expresamente establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Como vemos, esta disposición ordena a las autoridades a establecer políticas públicas que protejan y garanticen los derechos humanos, pero la realidad que vivimos a diario nos ausencia de una estrategia orientada a crear una cultura del respeto a los derechos humanos, particularmente con relación a las mujeres, que día con día sufren discriminaciones, ataques, acosos, violencia, tanto en el seno familiar como en el trabajo, en las escuelas y universidades, en la calle, en las instituciones de salud, y en los diversos grupos sociales.

Tanto las normas jurídicas como las morales, las religiosas y del trato social, se preocuparon por sancionar duramente el robo, el fraude, el engaño y hasta el abigeato y los delitos contra el estado, pero poco se preocuparon en sancionar los malos tratos en el hogar, en la familia, en la escuela, en el ámbito laboral y social, y en impulsar una cultura de respeto a la mujer, y por ello han tenido que salir a la calle a protestar; a gritar, a exigir, que se le sitúe en el  lugar que le corresponde, que no es nada más, ni nada menos, que la igualdad ante la ley.

Lo importante y lo fundamental es que se respete su integridad y sus derechos a decidir, a ser como quiere ser, a luchar por sus aspiraciones, a escalar las posiciones que quiera lograr, sin menoscabo de su dignidad y su humanidad. Ello debe partir desde el hogar, en donde aún vemos resistencias para que la mujer se incorpore a labores productivas o decida su destino, y en donde sigue sujeta a la voluntad del padre o del esposo o pareja, pero también implica una amplia revisión a nuestras normas jurídicas, que en su mayoría tienen disposiciones que les son desfavorables en distintas materias.