En lo que va del año y hasta antes de la despenalización federal, en Zacatecas se denunciaron 8 delitos del fuero común que fueron calificados como Aborto

Irene Escobedo López

Parecía una solución fácil. Todo estaba dado. Se tenía el consenso de un médico, un profesional de la salud, ginecólogo con cédula, adscrito a un hospital privado y en total acuerdo para ejecutar la acción. Del otro lado una mujer abatida, desesperada por no poder continuar adelante con la decisión de llevar a término un embarazo.

La decisión le costó horas de insomnio y angustia «no estaba preparada para un embarazo tampoco para lo que seguía”. Su nombre es Celia M y como ir a comprar zapatos logró que un médico en Guadalupe, Zacatecas le ayudara a abortar. Le habían asegurado que era tan fácil como tomar una aspirina. “Si es así entonces adelante. Un hijo frustraría muchas situaciones de mi vida” dijo en su testimonio la joven. En vías del procedimiento, Celia no necesitó ninguna preparación solamente estar medianamente convencida de que era la mejor solución.

Todo el acuerdo fue en cuestión de dos días. Vía telefónica con el médico acordó los primeros detalles. No le costó convencerlo, bastaba con seguir unas pocas indicaciones, la más importante, pasar a recoger una pastillita y llevar el pago acordado. Celia no fue informada a detalle del procedimiento, de lo que pasaría, ni de las posibles secuelas físicas o hasta emocionales. El primer encuentro con el médico fue fugaz. Celia en medio de la calle recibió una pastilla tipo Alka Seltzer, pensó que debería disolverla en agua.

El ginecólogo le advirtió que la vía para el procedimiento es vaginal. El doctor le dio indicaciones del momento en que debía hacer la colocación de la pastilla “y después corres al hospital». Celia entregó el dinero, su pareja aportó los recursos. También fue quien sugirió al médico que intervendría. Él tampoco estaba preparado para un embarazo.

Desembolsó los recursos y se apartó del problema y de Celia. Fue cuestión de un par de horas para que después de colocada la pastilla se trasladara en muy malas condiciones, una hemorragia severa y por sus propios medios al hospital que le fue indicado. Tenía que parecer que llegó con un aborto espontáneo y que se le practicaría un legrado. Apenas puso pie en el hospital, ella perdió el conocimiento El médico no estaba, el personal tuvo que localizarlo y mientras tanto luchaban por mantener a la joven a flote. Cuando despertó estaba en una camilla de quirófano, con dificultad alcanzaba a focalizar los reflectores sobre el techo y al grupo de personas con batas azules alrededor.

El legrado estaba en marcha, le estaban salvando la vida, se estaba perdiendo otra. Del quirófano salió caminando hacia su casa. En el hospital no hubo etapa de observación, tampoco se le subió a piso. Los recursos solo alcanzaban para los gastos en el quirófano y de ahí al taxi.

Las indicaciones post intervención fueron solamente reposo. Ella no imaginó el drama emocional que le vendría y que resultó después más tormentoso que lo que se esperaba, secuelas que solo el tiempo pudo curar, pero la memoria no, tampoco la culpa.

Nadie en su familia supo a lo que Celia se enfrentó. La pareja simplemente desapareció. Celia pudo haber perdido la vida junto con su hijo. Muchas mujeres la pierden, todas padecen estrés postraumático. No hay quien las ayude porque la realidad, hasta hace unos días, indicaba que una mujer en busca de la interrupción del embarazo tenía que ser considerada como delincuente y buscar atención médica clandestina.

En Zacatecas el número de mujeres sentenciadas por aborto en los últimos 4 años no es muy claro. Datos del grupo de información en reproducción elegida (GIRE) precisan que de 2007 a 2016, alrededor de 4 mil 246 personas fueron denunciadas por aborto en México 228 fueron sentenciadas, 83 estuvieron en prisión preventiva y 53 en prisión definitiva.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública Nacional dentro de información estadística de incidencia de delitos del fuero común señala que en los primeros siete meses del 2023 en el país se registró la comisión de 516 actos delictivos tipo aborto, el mayor número de casos fue durante el pasado mes de junio. La despenalización a nivel federal ya se avecinaba. Casi en todo el país hay registrados delitos tipo aborto.

Solo Chiapas, Durango Sinaloa y Tlaxcala aparecen con cero casos este año. Las cifras de incidencia delictiva señalan que este año acontecieron en Aguascalientes 8 abortos, Baja California 17, Baja California Sur 6, Campeche 3, Coahuila 2, Colima 1, Chihuahua 6, Ciudad de México 114 y Guanajuato 6; en el estado de Guerrero 1, Hidalgo 7, Jalisco 8, Estado de México 104, Michoacán 13, Morelos 2, Nayarit 3, Nuevo León 86, Oaxaca 11, Puebla 1 y Querétaro 22; también en Quintana Roo 3, San Luis Potosí 6, Sonora 7, Tabasco 10 y Tamaulipas 36; en Veracruz 23, Yucatán 2 y Zacatecas 8.

De los abortos considerados como delitos y acontecidos en el estado de Zacatecas durante los primeros siete meses de 2023, uno se registró en enero, dos en febrero, uno en marzo, otro en abril y tres en mayo. Durante 2022 en Zacatecas se tiene el registro de 3 delitos por aborto en noviembre y diciembre de ese año, seis en 2021 y tres en 2020. No hay información precisa sobre cuántos de estos delitos fueron denunciados, cuántos se encuentran en trámite, cuántos cuentan con carpeta de investigación abierta y cuántos con estatus de judicialización.

A pesar de que a nivel federal la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, determinó que el aborto sea despenalizado en México, Zacatecas forma parte del grupo de entidades federativas donde la interrupción legal del embarazo se encuentra legislada en el código penal donde se establece que “el aborto no será punible si la interrupción se da por una cuestión imprudencial antes de las 12 semanas y que el embarazo sea producto de una violación o bien por poner en riesgo la vida de la madre o del producto”.

La medida que aún no ha sido modificada por el Congreso y que se espera sea aparejada a la decisión de la SCJN, ha permitido que muchas mujeres sean criminalizadas por abortar.

Grupos feministas denuncian que partos espontáneos o abortos prematuros o emergencias obstétricas fueron denunciados como delitos con la consiguiente violación a los derechos humanos de las mujeres que los practicaron.

En otros casos como el testimonio de Celia, el aborto tuvo la fachada de legrado por aborto espontáneo, pero las consecuencias pudieron ser mortales. A partir de la decisión de la SCJN, se ha determinado que sean los hospitales públicos los encargados de otorgar los servicios médicos para las mujeres que decidan no continuar con el embarazo, aunque se ha trascendido que no todos los médicos del sector salud están dispuestos a ello.

La OMS estima que el 13% de las muertes maternas a nivel global son derivadas de la práctica insegura del aborto. Se calcula que en el mundo se practican cerca de 19 millones de abortos peligrosos, el 97% de ellos se realizan en países en vías de desarrollo, según información de IPAS México organización no lucrativa que trabaja para asegurar que todas las mujeres puedan elegir sobre su reproducción en territorio nacional.

Las secuelas temporales o permanentes por un aborto mal practicado o bien, en condiciones inseguras, son otro problema que enfrentan las mujeres del mundo. Las más frecuentes secuelas son las hemorragias, infecciones, lesiones vaginales, perforaciones uterinas y daño al tracto uterino, además del daño emocional y la criminalización del acto como hecho delictivo.

En Zacatecas, tras la despenalización del aborto dictaminada por la SCJN, grupos provida y feministas continúan generando controversias para lograr por un lado preservar las mismas condiciones en que se ha penalizado el delito en el estado y por el otro presionar al Congreso del Estado para la adecuación de las leyes locales.