Jaime Santoyo Castro

La corrupción es un flagelo que azota a todos los países del mundo, muy difícil de combatir porque es una recia cadena que involucra a gobernantes y gobernados, generando beneficios mutuos, por lo que no hay reclamo entre las partes, pero socava día con día el Estado de Derecho y la confianza de la población en los diferentes órganos de gobierno.

La corrupción se presenta de diversas maneras: como tráfico de influencias, soborno, uso de información privilegiada, extorsión, fraude, malversación o desvío de fondos, prevaricación, nepotismo, y muchas conductas más, que se traducen en un claro desprecio al Estado de Derecho.

Existe un organismo denominado Proyecto de Justicia Mundial (WJP por su siglas en inglés), que desde 2009 viene estudiando el tema y ha creado un índice mundial del imperio de la Ley que abarca 139 países y cada año realiza una serie de encuestas a población abierta, y entrevistas con profesionales del derecho, como instrumento para medir avances y retrocesos en el desarrollo del estado de Derecho.

Estudia los sobornos, la influencia indebida de intereses públicos o privados y especialmente la malversación de fondos públicos u otros recursos, midiendo la corrupción en funcionarios de los tres niveles de gobierno, con especial atención en el ejército y la policía y en el estudio de este año, nuestro país salió muy mal librado, pues ocupó el lugar 113 de los 139, bajando un escalón con respecto al año anterior, y lamentablemente destaca en la medición relacionada con la corrupción, pues nos ubicamos en el lugar 135; es decir, se determinó que sólo existen cuatro países que superan al nuestro en corrupción que son Uganda, Camerún, Camboya y República del Congo, destacando como los menos corruptos Dinamarca, Noruega, Singapur, Suecia, Finlandia y Nueva Zelanda.

La corrupción crea un efecto demoledor en la sociedad y se va ensanchando como una mancha de aceite en el mar, por lo que debemos detenerla con un plan integral de acción que involucre a la sociedad y el gobierno, comprometiéndonos a luchar contra toda forma de corrupción, sancionando de inmediato y severamente y exhibiendo a los corruptos, lo que implica poner énfasis en una agenda legislativa para establecer reformas en todos los ámbitos orientadas a institucionalizar la prevención y la lucha contra la corrupción; cuidar que no haya candidatos a puestos de elección popular, ni funcionarios, que tengan sentencia firme por corrupción o investigaciones en proceso; transparentar los procesos de adquisición y contratación de obras y servicios por parte de las instancias gubernamentales; propiciar la participación ciudadana en la observación, investigación y denuncia de actos de corrupción y en el cuidado de la declaración de intereses de funcionarios y empleados y cuidar que jueces y fiscales actúen con la mayor objetividad y honestidad y racionalizar el gasto, entre otras cosas.