Jaime Santoyo Castro

En el presente siglo hemos experimentado en México un enorme crecimiento de acciones delictivas que han generado la pérdida de la paz y la concordia y se ha visto reflejado en desaliento y desconfianza de la población en las autoridades.

Dos cuestiones han coincidido en el resultado, que son: La corrupción y la impunidad.

Por un lado la corrupción desenfrenada a todos los niveles de las esferas gubernamentales, así como la inexperiencia e incapacidad para establecer políticas públicas adecuadas y el desdén por las causas sociales ha generado un desproporcionado aumento de los niveles de pobreza extrema y la desesperación ante la falta de oportunidades de desarrollo.

Por otro lado la incapacidad para perseguir y castigar los delitos ha propiciado una certeza de que no hay autoridad y la impunidad se asienta y alienta a los quebrantadores de la ley Esta circunstancia ha convertido al territorio nacional en un campo fértil para el desarrollo de actividades criminales.

Los asesinatos, feminicidios, violaciones, robos, secuestros, fraudes telefónicos y telemáticos, asaltos, venta de sustancias prohibidas, alcoholismo, drogadicción, etc; se han enseñoreado en la sociedad derribando nuestros valores e imponiendo una nueva forma de vida entre tiros, abusos, angustias, sustos, acosos y distanciamiento entre la sociedad y el gobierno.

El crimen organizado crece en fuerza y poder, en tanto que el Gobierno se debilita y se derrumba. Antes veíamos a las policías persiguiendo delincuentes y ahora vemos a los delincuentes persiguiendo a los policías y acribillándolos. En la competencia entre la imposición del orden y justica y el desorden, va ganando el desorden.

Los Gobiernos Federal, estatales y municipales, hace más de veinte años se fueron olvidando de crear, fortalecer y capacitar cuerpos policíacos orientados a propiciar la convivencia pacífica de la sociedad civil y cuando se vieron rebasados por la actividad criminal, fueron solicitando la intervención de las fuerzas armadas para realizar acciones que les correspondían a las autoridades civiles.

Es decir; fueron las autoridades civiles las que pusieron a los militares en las calles, particularmente desde la administración del Presidente Calderón, con el pretexto de que era una acción temporal, mientras se conseguía fortalecer a los cuerpos policíacos civiles, lo que nunca ocurrió.

En la medida que las fuerzas policiales civiles se cubrían de desprestigio y desconfianza por la corrupción y el abuso, el Ejército y la Marina, se ganaban la confianza y el respaldo ciudadano por ser dos instituciones respetadas por su preparación, capacidad de respuesta, disciplina, honor, lealtad y por su inalterable compromiso de servir y se fueron incorporando a tareas de seguridad pública que estaban fuera de sus facultades legales y de su misión, Seguramente por la confianza que se han ganado, en contrapartida con las autoridades civiles, el Presidente López Obrador en su administración les ha confiado una serie de actividades.

Ahora no están solo atendiendo acciones de seguridad pública, sino una gran cantidad de cuestiones administrativas, pero cuidado con los límites; el poder y el presupuesto corrompen y causan tentaciones