Por José Guillermo P.H.

No es ningún secreto la admiración que siente el presidente López Obrador por Benito Juárez, un personaje que como cualquier otro en la historia de México tuvo sus aciertos, pero también cometió numerosos errores y actuó de manera cuestionable en más de una ocasión, como es normal para un ser humano pero que contrasta con el ser mitológico que se formó a lo largo de las décadas de “culto” a éste y otros personajes.

En tiempos de la 4T no sorprende que si el presidente admira a un personaje, de pronto gran parte del aparato de gobierno parezca seguir la filosofía del mismo. “A mis amigos: justicia y gracia; a mis enemigos: justicia a secas”, es una frase atribuida a Juárez que representa un eufemismo para impunidad y justicia selectiva y que describe perfectamente la manera en que se ha hecho justicia en México durante prácticamente toda su historia, un tipo de justicia que hoy sigue muy vigente.

Un ejemplo de este pensamiento lo vemos al comparar el trato recibido por dos grupos de manifestantes: unos eran los normalistas del Estado de México que secuestraron a 92 choferes y sus autobuses por una semana; además de los secuestros cometieron actos de vandalismo y afectaron a miles de personas que nada tenían que ver con el tema. La respuesta del gobierno ante esto fue premiarles con 84 plazas directas.

El otro grupo de manifestantes era el conformado por alcaldes de varios partidos, quienes pedían se les permitiera entregar un documento al presidente en el que solicitaban se detuvieran los recortes presupuestales a municipios y que se aumentaran los apoyos a los mismos en 2020; la respuesta del gobierno fue arrojarles gas lacrimógeno en la puerta de Palacio Nacional, ni interés hubo por escucharlos.

A estos hechos el presidente dijo que se había actuado adecuadamente y pidió a los alcaldes mejor dirigirse a la Cámara de Diputados, ya que es ahí donde se aprueba el presupuesto “No es aquí”, dijo, como si no supiera todo mundo que el presupuesto lo envía el ejecutivo y en base a eso trabajan los diputados.

Lo cierto es que los municipios no recibieron lo que se había contemplado en el presupuesto de 2019, ya que según informaron algunos alcaldes, todos los municipios de la mitad del año en adelante sufrieron un recorte en sus participaciones, y según el diputado federal Martín López, para 2020 se estarían eliminando 14 fondos, por lo que la falta de recursos para proyectos municipales se estaría acentuando aún más el próximo año. Ante estos datos el reclamo parece justo y habría merecido cuando menos, haber escuchado a los alcaldes.

Y en este mismo mes se dio otro ejemplo de un juez que mide e imparte justicia con varas muy distintas según si los acusados son amigos o enemigos. El juez de control José de Jesús Delgadillo Padierna decidió liberar a 27 de los 32 presuntos miembros del cártel de la Unión Tepito detenidos por la Marina en posesión de drogas y armas. El juez alegó irregularidades en el proceso por lo que los presuntos delincuentes fueron puestos en libertad.

Ese mismo juez dictó prisión preventiva a Rosario Robles debido a la supuesta existencia de dos licencias de conducir a su nombre con direcciones distintas, lo cuál a ojos del juez, es prueba del riesgo que existe de que la acusada intente darse a la fuga. Si bien Rosario Robles es un personaje indefendible y la mayoría de los mexicanos deseamos que se haga justicia si se le comprueba la comisión de cualquier ilícito, resulta muy llamativo que una inconsistencia en el proceso por parte de la fiscalía sirva para liberar a 27 presuntos miembros de un cártel, pero eso mismo -una posible irregularidad por parte de la fiscalía al presentarse una licencia de conducir falsa con una fotografía bajada de internet- sirva para evitar que una acusada enfrente su proceso legal fuera de la cárcel como es normal en el tipo de delitos por los que se le acusa.

Ahora todo tiene sentido cuando nos remontamos a la campaña presidencial de 2018 y vemos que todos los candidatos excepto AMLO apoyaban la creación de una Fiscalía General independiente que no fuera designada por el presidente, pues tenía planeado utilizar la justicia de manera discrecional. En su momento Peña hizo todo lo que estuvo en sus manos para evitar que existiera un Fiscal General con fuerza y autonomía; finalmente logró mantener la impartición de justicia del lado del presidente y de sus amigos. Hoy parece que a nadie en el gobierno le interesa cambiar eso.