Antonio Sánchez González, médico

No hay mexicano que no haya oído y hablado de la corrupción; es una de las dos grandes tragedias que sufre el país y la que condujo el destino de la pasada elección presidencial. No podía ser diferente, porque la corrupción ha penetrado toda la vida pública nacional y diariamente sufrimos sus consecuencias: la corrupción cuesta, duele y mata.

Para el control de la corrupción existen herramientas que están a disposición de todos los ciudadanos, mismas que se pueden agrupar en tres grandes conceptos básicos: primero, el perfeccionamiento de la legislación y las reglas y la observación por toda la sociedad de su estricto cumplimiento; segundo, la exposición de datos del ejercicio público, del ejercicio administrativo, financiero y político; y tercero, cuando no hay más remedio, la generación de sentimientos de vergüenza.

La transparencia y la exposición de la información derivada del ejercicio público no es empresa fácil: su acopio, organización, resguardo, análisis y exposición requieren de personal sumamente calificado y de elevados recursos materiales, informáticos y financieros. Es una herramienta tan valiosa como costosa, que exige el trabajo de expertos que pongan esos datos en una pantalla, idealmente a merced de todos los ciudadanos; en los hechos, en México (y en Zacatecas), la mayoría de las veces, todavía, para el análisis y uso de esa información se necesita, también, un experto del otro lado de la pantalla.

En Zacatecas es el IZAI (Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) el encargado de esta responsabilidad. Es una institución que en los últimos años ha llegado a tener un rápido perfeccionamiento técnico, ejemplar en el país, gracias a la destreza con la que ha sido conducido por los comisionados que han integrado su consejo. En los zacatecanos no debería haber lugar a duda de que, si requerimos un dato del ejercicio público, el IZAI nos asegura que lo tendremos cuando la ley así lo permita. El IZAI es una institución subutilizada, pero eficaz, competente y poderosa. Consecuentemente, su influencia política actual es incontrovertible y, teniendo en cuenta su fin básico, cuestionable.

Hace más de un mes que el consejo directivo del IZAI está incompleto porque terminó el período de encargo de quien fue su presidente y es responsabilidad de la Legislatura el nombramiento del sustituto, quien ejercerá por un período de 7 años. La ley prevé que los aspirantes a integrar tal consejo, autónomo por definición, deben cumplir con una muy extensa lista de aptitudes, difícil de llenar, pero fácil de evaluar: el espíritu de la misma ley insinúa que el proceso de selección de este funcionario encargado de transparentar los datos generados por el desempeño de la burocracia se base en criterios técnicos y no políticos: en estos términos, el proceso de selección debería ser fácil de llevar a cabo.

El proceso de elección ha sido caótico: su convocatoria dice que los diputados pueden guardarse discrecionalmente los detalles de los expedientes; luego, ante la presión social, la comisión que dictaminó a los candidatos transmitió en vivo las entrevistas que les practicó, pero se guardó la evaluación de sus datos curriculares, en una grosera dosis de atole con el dedo; finalmente, y ante la imposibilidad de llegar a una sesión de votación “por falta de acuerdos políticos”, a algún diputado se le ocurrió proponer modificar la ley que regula el mecanismo de elección de este tipo de funcionarios para “evitar el mayoriteo y el agandalle”, evidenciando su inocencia y el desconocimiento de la esencia fundamental de este tipo de instituciones.

Ahora se habla de reponer el proceso por falta de capacidad para llegar a acuerdos políticos, después de que la comisión calificó la idoneidad de todos los candidatos. Los diputados, simulando transparencia, fueron presa del mecanismo que sirve para transparentar el ejercicio público.

Finalmente, este proceso resultó paradigmático: ha visibilizado al IZAI ante los ciudadanos y en adelante, a los procesos de elección que lleve a cabo la Legislatura.

*El autor es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas.