Jaime Santoyo Castro

“No existe mejora arma que la pluma, cuando se pelea por una causa noble”, dijo la escritora Pilar Obón en el prólogo a la obra del inmortal poeta José Hernández, por ello creo que noble es la causa del federalismo, de los derechos humanos y de la no discriminación por la edad.

Dicen en el ámbito político que “lo que no hace falta, sobra” y recientemente, la Senadora Olga Sánchez Cordero, presentó una iniciativa para modificar el artículo 121 de la Constitución, con el argumento de elevar a rango constitucional al notariado y fortalecer las facultades de las legislaturas locales, crear una Ley General del Notariado y darle facultades a la Federación en un tema que es de la competencia exclusiva de las entidades, sin que ninguna legislatura local de las de la república, ni tampoco los notarios del país lo hubiéramos solicitado, tema que merece ser analizado.

El notariado es una de las pocas instituciones en las que la sociedad tiene confianza, y por ello hay que cuidarla, pero no en demérito de la soberanía de los Estados, que en su mayoría han creado leyes que regulan el acceso al notariado por la vía del examen de oposición, y el notariado ha respondido a la sociedad garantizando la seguridad jurídica como custodios del Derecho, como asesores de las partes, como consejeros con equidad, sin tomar partido por ninguno sino al servicio de todos, evitando el litigio, buscando la conciliación en los casos de disconformidad, con persuasión y no con imposición.

Las leyes locales del notariado atienden a las particularidades de cada entidad, y una ley de alcance nacional se apartaría de esas características en perjuicio de la población; pero lo que más llama la atención es que limite la edad para ejercer como notarios a los 75 años, con todo lo que ello significa en contra de los derechos humanos y la discriminación por edad. Si llegar a los 75 años es sinónimo de ausencia de capacidad mental, ello significa que la gente de esta edad no podrá  dictar testamento, ni otorgar poderes, ni celebrar actos jurídicos, lo cual es verdaderamente aberrante y más aún, no habría servidores públicos de ningún nivel con esa edad, y los mayores de 75 se quedarían sin empleos, sin ingresos.  Terrible, ¿verdad?