Antonio Sánchez González. Médico.

Diversos documentos publicados en la prensa especializada mundial han abordado el fenómeno de la infodemia COVID-19. La infodemia es definida por la OMS como la «sobreabundancia de información –alguna exacta y otra no-, que ocurre durante una epidemia”. La prensa médica y diversas instituciones, entre ellas la misma OMS y la ONU han abordado el problema de manera proactiva, con la atención puesta en la desinformación que abunda en relación con el nuevo coronavirus, indicando que es una plaga por sí misma y lanzando iniciativas «para proporcionar contenido basado en hechos».

Estas iniciativas para lidiar con la infodemia son fundamentales, especialmente cuando se da la circunstancia de que las personas encargadas de difundir desinformación son figuras públicas, como los mismos responsables de gestionar la política sanitaria en relación con la misma pandemia o funcionarios electos, como los presidentes de Brasil, Estados Unidos y México. Durante estos meses, las tergiversaciones de estas figuras públicas han consistido en la trivialización de los riesgos de COVID-19, equiparándolo con la influenza estacional, cuestionando la efectividad de medidas de mitigación y control de utilidad demostrada (por ejemplo, el uso de cubrebocas), promoviendo la prescripción de tratamientos no probados o peligrosos (por ejemplo, hidroxicloroquina), contradiciendo a los expertos en salud pública (incluso a los pertenecientes a sus propias administraciones), y politizando el desarrollo y adquisición de vacunas cuya disponibilidad podría ser esencial para el control de la pandemia.

No hay duda de que combatir la infodemia a través de mecanismos que permitan a todo el público tener información verificada es relevante cuando se trata de enfrentarse a una crisis de salud sin precedentes en la historia reciente; pero quizás estos esfuerzos deben ser más innovadores, vigorosos, enérgicos y firmes cuando se trata de afrontar situaciones que se pueden describir como la distorsión premeditada de la verdad perpetrada por figuras públicas y políticos a través de los medios de comunicación, incluidas las redes sociales. Estos individuos actúan como si pudieran decir lo que quieran sobre COVID-19, difundiendo teorías de conspiración e información inexacta que ha puesto en riesgo la salud de la comunidad y la vida de las personas sin temor a enfrentar responsabilidades.

En los Estados Unidos, ya algunas familias que tienen familiares que fallecieron debido a COVID-19 han buscado hacer responsables de esas muertes a los que están en el poder, atribuyendo sus pérdidas en el contenido de los obituarios a los fracasos, incompetencia y la inacción de políticos locales, estatales y nacionales que han engañado al público. Y si vamos más lejos, existen figuras legales que podrían obligar a rendir cuentas a estas figuras destacadas que incluso llegaron al extremo de insinuar que la pandemia es un engaño, mientras los médicos se veían rebasados en los hospitales y en la inmensa mayoría de los lugares de trabajo se estaban tomando rigurosas medidas de seguridad.

Es difícil entender las razones de los funcionarios electos que eligen hacer circular desinformación sobre una pandemia; es inadmisible que sea para asegurarse victorias personales a corto plazo o logros políticos momentáneos, cuando en sus países, sus provincias o sus distritos electorales los ciudadanos que los eligieron están enfermando o moribundos. Tratar de imponer sus equivocadas, y a veces mortales, interpretaciones de la crisis ha sido imprudente y a veces criminal; y es una lamentable forma de ejercer el poder.