En una sorprendente revelación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) admitió haber enfrentado dificultades significativas para llevar a cabo los Censos Económicos y Agropecuarios en comunidades bajo el control del crimen organizado. La directora adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del Inegi, Susana Patricia Pérez, compartió estos detalles durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Según lo declarado por Pérez, en más de 25 mil localidades se tuvieron que emplear diversas estrategias para poder realizar el censo de manera segura y confiable. En algunos casos, el Inegi se vio obligado a pagar a miembros del crimen organizado para obtener acceso a las comunidades y llevar a cabo el proceso de recolección de datos. Estas cifras, aunque pequeñas, permitieron garantizar el ingreso a áreas que de otro modo hubieran sido inaccesibles.

Además del pago a grupos criminales, el Inegi también optó por contratar a personas locales que fueran conocidas por los delincuentes para evitar generar desconfianza durante la obtención de información. La idea detrás de esta estrategia era asegurar que el personal encargado del censo fuera reconocido y confiable para los residentes, incluyendo aquellos que pudieran tener relaciones con el crimen organizado.

Pérez reconoció que enfrentaron dificultades iniciales en este proceso, incluso reportando un caso de persona secuestrada en el primer día de trabajo. Sin embargo, luego de superar estos obstáculos iniciales, pudieron llevar a cabo el censo sin mayores incidentes.

Entre los datos adelantados por la funcionaria, se informó que la superficie rural con vocación agropecuaria en México asciende a 196.5 millones de hectáreas, de las cuales 88.4 millones son unidades de producción destinadas al cultivo de plantas o la cría de animales. Además, se estima que la mano de obra total involucrada en estas actividades alcanza los 27.2 millones de personas.

El Inegi tiene previsto presentar los resultados completos del censo agropecuario el próximo 21 de noviembre, lo que permitirá obtener un panorama más completo de la realidad económica y agrícola del país.

El reto que representó llevar a cabo estos censos en zonas de alto riesgo muestra la complejidad de algunas regiones del país y la importancia de abordar de manera integral los desafíos que enfrenta México en materia de seguridad y recopilación de datos estadísticos.