Según informó Alan García Campos, representante de la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zacatecas ha comenzado el año 2023 como la tercera entidad con mayor número de personas desaparecidas en México, con un registro oficial de 3,528 personas desaparecidas hasta la fecha. Ante esta situación, colectivos de búsqueda han impulsado el foro «Políticas públicas en materia de Desaparición de Personas en México y en Zacatecas» en la Legislatura, con el objetivo de generar una mesa de diálogo con las autoridades para fortalecer las políticas públicas en este tema. Ricardo Bermeo Padilla, representante de colectivos de personas desaparecidas, explicó que tienen «altas expectativas» para este diálogo.

El comisionado en Derechos Humanos de Naciones Unidas destacó la necesidad de fortalecer siete temas para garantizar la disminución y erradicación de este problema social. Uno de ellos es la prevención, para lo cual se debe revisar el modelo de seguridad. También se debe mejorar la búsqueda efectiva, en la que Zacatecas ha comenzado a sumarse con el mecanismo extraordinario de identificación forense. Además, la investigación debe ser fundamental para que las instituciones encargadas de procurar justicia cuenten con los recursos humanos y capacidades necesarias. En la reparación del daño, la comisión ejecutiva tiene un papel primordial.

También se debe fortalecer la protección a las familias, ya que el año 2022 culminó como el más violento contra las personas buscadoras. La memoria también es un tema crucial, ya que se debe evitar que el olvido prive frente a lo ocurrido y se debe mantener viva la dignificación de las personas que están siendo buscadas. Por último, se debe garantizar la no repetición de estos hechos.

Denise González Núñez, representante de la Organización México Evalúa, reconoció que en Zacatecas las condiciones institucionales, de coordinación y colaboración con el sistema de justicia penal no les dan viabilidad al acceso a la verdad y justicia en casos de desaparición. Por ejemplo, solo 11 de cada 100 casos se resuelven debido a las condiciones actuales del sistema penal. Por ello, advirtió que el índice de impunidad en casos de desaparición de personas es del 100% en la entidad. Para mejorar la respuesta a las víctimas, se debe construir una política pública con la participación de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, así como la fiscalía, las comisiones de víctimas, de búsqueda y derechos humanos.

El titular de la PGJE, Francisco Murillo Ruiseco, aseguró que las instituciones están obligadas a trabajar coordinadas con los familiares y los tres poderes de gobierno para combatir esta problemática. Respaldó lo dicho por el comisionado de la ONU, sobre todo en el tema de garantía de no repetición, donde enfatizó que no debe suceder en una sociedad y es traumático y grave para todos.