Jaime Santoyo Castro

La actuación del Poder Judicial Federal, va generando confianza en los aconteceres de la vida nacional, al definir de manera correcta el derrotero en asuntos en los que pareciera que algunos órganos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo pretenden apartarse del cauce constitucional.

Hace unos días declaró inconstitucional la vergonzosa e inaceptable reforma aprobada por la legislatura local de Baja California que prolongaba de dos a cinco años el período de Jaime Bonilla al frente del Gobierno de esa entidad.

En una resolución rica en definiciones, no sólo la declaró nula e inconstitucional, sino que rescató los principios de legalidad y de seguridad jurídica, además de ubicar a la democracia como un valor fundamental en el andamiaje jurídico de México y de los mexicanos, y dejó en claro que la conducta de los legisladores constituyó un fraude a la constitución, por encubrirse en una intencionalidad engañosa de quienes deben acatar el espíritu de las disposiciones legales.

Días después, por conducto de algunos Jueces de Distrito, concedió suspensiones definitivas a más de una decena de empresas de energía renovable que tramitaron amparos contra del acuerdo de fecha 29 de abril dictado por el Director de la CENACE, denominado “Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad SARS-CoV2 (COVID 19)”.

Parece que se maquilló la verdadera intención, pues se tomó como pretexto la pandemia para suspender, sin causa justificada, la realización de pruebas preoperatorias de las Centrales Eléctricas Intermitentes eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial, y suspendió el otorgamiento de permisos para aquellas empresas que no hubieran iniciado.

Esta situación no sólo causó alarma en las empresas afectadas directamente, sino en todo el mercado eléctrico, no sólo por carecer de sustento constitucional, sino por ser contrario a las políticas y acuerdos internacionales, que están propiciando el establecimiento de actividades limpias a favor del ambiente, como el acuerdo de París, y además causando un quebranto de difícil restitución a las empresas dañadas.

El Juez de Distrito concedió la suspensión definitiva, y ordenó a la CENACE que informe con precisión los riesgos que se generarían si se continuara con el desarrollo de pruebas preoperatorias, y del consecuente proceso comercial desde el punto de vista técnico. ¡¡Una buena pauta del Poder Judicial!!