Irene Escobedo López

¿De qué tamaño es el universo de deudores alimenticios? seguramente del tamaño de todo lo que es injusto en este país como el feminicidio, la violencia, la inseguridad, los crímenes, la delincuencia. La morosidad también es un atentado no sólo a dignidad sino a la seguridad de las personas.

Cuántos niños tienen que dejar de asistir a la escuela por no contar con el apoyo económico de uno de los padres, cuántos más padecen desnutrición o tienen que salir a trabajar para contribuir en los hogares monoparentales. El decreto del senado para castigar a los morosos es una muy buena medida y una sana intención pero para integrar a algún deudor a la lista de deudores alimentarios el camino será sinuoso.

No será suficiente la voluntad, no bastará el incumplimiento del deber, no bastará una simple solicitud. Para que apliquen las nuevas disposiciones que el Senado aprobó y que están en vías de ser publicadas hay que recorrer un camino jurídico.

Todas las madres interesadas tendrán necesariamente que pasar por las Fiscalías o Procuradurías para primero denunciar, abrir un juicio y que sucesivamente a través de la orden de un juez el deudor pueda ser incorporado a la lista de los deudores que ya no podrán gozar de algunos derechos tales como tener credencial de elector, pasaporte o salir del país.

Una vez que el juez lo determine el Dif nacional será el organismo que integre, gestione y resguarde la base de datos con los nombres de los morosos. Pero hay más, el organismo tendrá un plazo de 300 días para cumplir con la creación de la base de datos por lo que durante por lo menos un año más, las condiciones seguirán siendo casi las mismas, los morosos seguirán en el paraíso, porque el primer nombre el que encabece la dichosa lista no se podrá escribir antes de abril del próximo año.

Por otro lado, todos los deudores que trabajan de manera autónoma, que no registran ingresos seguirán en el paraíso del incumplimiento, salvo que se abra un juicio (otro más) para que se obligue al SAT a proporcionar los datos sobre los ingresos de la persona, eso si es que paga impuestos.

La ruta es complicada. Las madres que demandan alimentos es porque ya los deben, es porque era para ayer, es porque ya no les alcanza, es porque ya no pueden hacerse cargo ellas solas de la manutención de los hijos, es porque no tienen tiempo de estar en juicios y al mismo tiempo ir a dejar los hijos a la escuela o a la guardería, ir al trabajo atender el hogar y todo esto sin dejar de generar ingresos lo cual sería una catástrofe porque son el único sostén del hogar.

En conclusión el camino no será fácil y valdría la pena que el Dif pudiera generar una base de datos previa para conocer el alcance del fenómeno, las estadísticas y el tamaño del daño patrimonial a las familias principalmente a las mujeres y los niños.

Si no se conocen los números no se podrán generar atajos o apoyos extraordinarios para un problema donde se requiere además sensibilidad y empatía y donde de protagonista entra también la irresponsabilidad, la falta de valores -últimamente tan generalizada- y en esto sí que nos corresponde única y exclusivamente aplicarnos a todos y cada uno de quienes integramos la sociedad.