Jaime Santoyo Castro

 

Todos, quienes aspiran a un cargo público, sea de elección o de designación, exponen como una oferta, la promesa de que cumplirá o hará cumplir estrictamente el Estado de Derecho, como si fuera una facultad discrecional el caminar o no bajo el imperio de la ley.

El Estado de Derecho no es un tema que sea del contentillo o del gusto ni de las autoridades ni de los gobernados. Es un requisito indispensable en un estado Constitucional, contrario al Absolutismo, que concentra los tres poderes o funciones públicas (legislativa, ejecutiva y judicial) en una sola persona o grupo de personas, quienes no rinden cuentas ni tienen un marco constitucional o legal de actuación, o acatan libertades de los gobernados, forma de gobernar que tuvo su expresión más representativa en la frase de Luis XIV “El Estado Soy Yo”.

El Estado de Derecho, según la ONU, es «un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos»

La Asamblea General de la ONU, en virtud de la importancia del tema en el mundo realizó el 24 de septiembre de 2012, una Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho en los Planos Nacional e Internacional, misma que concluyó con la firma de una Declaración en la que los Estados miembros ratificaron su compromiso con el estado de derecho y señalaron una serie de medidas necesarias para defender diferentes aspectos del estado de derecho.

En la  Declaración, los firmantes reconocen que “el estado de derecho se aplica a todos los Estados por igual y a las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas y sus órganos principales, y que el respeto y la promoción del estado de derecho y la justicia deben guiar todas sus actividades y conferir previsibilidad y legitimidad a sus acciones. También reconocieron que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están obligadas a acatar leyes justas, imparciales y equitativas, y tienen derecho a igual protección de la ley, sin discriminación.”

Queda claro, pues, que para los paises integrantes de la ONU el respeto al Estado de Derecho debe ser igual en todos los confines; sin embargo, en la actualidad vemos que aún cuando se destaca el estado de derecho en los discursos, en la realidad no se cumple estrictamente, pues en muchos de los casos se disimula y se tuerce la ley para cumplir con la voluntad de quien gobierna.

Para que exista un estado de Derecho, se requiere que se cumpla con lo siguiente:

1. Primacía de la Ley. Ello implica que nada debe estar o pasar por encima de la ley

2. Sistema jurídico de normas, que se refiere al entramado jurídico que dé claridad y seguridad a los gobernados en cuanto a sus derechos y obligaciones, y en cuanto a las atribuciones y facultades de las autoridades.

3. Legalidad en los actos de administración, que tiene que ver con el estricto cumplimiento de las normas por las autoridades

4. Separación de Poderes, que significa que el poder revise o detenga al poder.

5. Protección y garantía de los Derechos Humanos, de manera tal que el sistema normativo debe poner énfasis en que tanto las normas como los actos de autoridad deben respetar los derechos humanos, y

6. Examen de constitucionalidad de las leyes, que se concreta a través de tres vías: el amparo contra leyes, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad

En muchas latitudes, aún con sistemas democráticos, falta mucho camino por recorrer en el reconocimiento y respeto a los derechos humanos; no vemos un sistema firme de respeto a la ley por los gobernantes, ni por los gobernados. Los grupos criminales son superiores en fuerza y en capacidad económica a las fuerzas del estado; la impunidad y la corrupción se enseñorean en todos los ámbitos, la separación de poderes viene siendo simulada.

Sabemos que a nivel internacional hay esfuerzos de investigación y medición del Estado de Derecho, como lo es el Proyecto Mundial de Justicia (World Justice Project–WJP) que cada año publica el Índice del Estado de Derecho (Rule of Law Index-ROLI), midiendo en 113 países el respeto al Estado de Derecho, haciendo énfasis en indicadores como: los límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal, y nuestro pais no sale bien evaluado, pues aparece en el lugar 93 en 2016. A efecto de mejorar, necesitamos establecer un sistema nacional que mida el cumplimiento al Estado de Derecho, con metas medibles y cuantificables, en la que participemos los gobernantes y gobernados, a fin de mejorar de manera gradual el cumplimiento de México al Estado de Derecho.