Por Jaime Santoyo Castro

    Así repartió las cartas nuestro sistema de justicia penal al resolver el caso del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa. Al corrupto le dio impunidad y a la militancia priista le dejó el descrédito.

    Esa es nuestra justicia. No debe asombrarnos ni sorprendernos. El ex gobernador se declaró culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero, y le disminuyeron en el 50% la pena que le correspondería, obsequiándole una sentencia de 9 años de prisión, multa de $58,890 pesos, y la incautación de 41 inmuebles. El juez de la causa tomó en consideración que Duarte fue privado de su libertad el 15 de abril del 2017, y por tanto a los 9 años de prisión se le deben descontar un año 5 meses y 11 días, de manera tal que le quedan prácticamente 7 años y medio para compurgar, pero hay que considerar que la pena se irá disminuyendo si le otorgan el beneficio de la remisión de la pena, de manera tal que en el 2021, en medio del proceso electoral federal, saldrá en libertad, y nuevamente este tema dará dividendos políticos a los enemigos del PRI, que no están necesariamente en la oposición. Curioso, no?

    Ni asombro ni sorpresa, porque es el signo distintivo que lamentablemente cargamos los mexicanos: LA IMPUNIDAD.

    Es preocupante que nuestro sistema de justicia penal se obstine por ser tan inequitativo y que además de serlo, lo exhiba, como si se tratara de una oferta para los corruptos, diciéndoles: Vengan a robar el erario público y se les obsequiará una pena mínima.

    La conducta del sentenciado, si se acreditó, no sólo dañó el patrimonio de los Veracruzanos. Dañó el prestigio de México, pero lesionó gravemente el también ya muy desgastado prestigio del PRI, que lo postuló como candidato y el daño fue definitorio para la elección presidencial del primero de julio, haciendo que el votante optara por otra alternativa.

    Pero debemos decir que si bien es cierto que en esta generación de políticos corruptos e ineficaces de la que el exgobernador formó parte, algunos eran del PRI, el partido no los mandó a robar, porque no es su objetivo, ni su finalidad, ni el robar es parte de sus lineamientos ideológicos y/o programáticos.

    El Partido es una persona moral y sus miembros son personas físicas que deben de responder ante la sociedad y ante el propio partido por sus acciones, y por ello no se le debe cargar a los militantes, ajenos a los corruptos, la responsabilidad de aquellos. En tal virtud, creo que la dirigencia del PRI debería de exigir a la PGR que impugne esa resolución y se aplique una penalidad que castigue y desprestigie a los corruptos, y no sancione a la militancia con el descrédito.