Por José Guillermo P.H.

A lo largo de la historia, los seres humanos nos hemos organizado en tribus, ciudades y estados principalmente para lograr una mayor seguridad entre sus miembros. Para ello, se han creado leyes y reglamentos cuyo cumplimiento es obligatorio, y esto se garantiza mediante el monopolio del uso legítimo de la fuerza por parte del estado.

Así, un estado que es incapaz de garantizar una necesidad tan básica como la seguridad, debido a que otros grupos pueden ejercer la fuerza e imponer sus propias leyes con impunidad, es sencillamente un estado fallido.

En Zacatecas, la violencia causada por el crimen organizado no es un fenómeno nuevo. Según el INEGI, desde 2011 nuestro estado se ha mantenido en los primeros lugares de percepción de inseguridad, superando constantemente el 80%. Actualmente, Fresnillo y Zacatecas son las dos ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país. La impunidad y la falta de estado de derecho han deteriorado la confianza de la ciudadanía en el gobierno y su capacidad para cumplir con una de sus funciones fundamentales. Es por ello que un gran número de ciudadanos inició un boicot contra la organización de eventos masivos en nuestro municipio, como la Jerezada y el Carnaval, que culminó en su cancelación luego de que se girara una orden judicial relacionada a los derechos de los animales.

Hace unas semanas, los comerciantes y prestadores de servicios de Jerez exigieron al gobierno municipal que no cancele más eventos, ya que la economía local depende de la derrama que estos generan, aunque sea menor en comparación con años anteriores. Sin embargo, las personas ya no confían en la capacidad de las autoridades para garantizar su seguridad.

Este dilema es relativamente común en todo el mundo, casos internacionalmente notables sucedieron en Francia y Estados Unidos, tras los ataques terroristas de 2015 y el 11 de septiembre de 2001, respectivamente, entonces también se dio una acalorada discusión sobre la pertinencia de realizar actos multitudinarios, ya que como pretendían los grupos terroristas entonces, el miedo se apoderó de gran parte de la sociedad, sin embargo los gobiernos en aquellos países tomaron acciones contundentes para tranquilizar a la población y brindarles la mayor seguridad posible.

Y eso es lo que deberíamos esperar nosotros, lamentablemente, muchos jerezanos creen que nuestro gobierno -de la 4T en todos sus niveles-, tiene pocas intenciones de llevar a cabo acciones que brinden la tranquilidad y seguridad que tan alegremente prometieron en sus campañas, comenzando por el presidente López Obrador quien se aferra a los disparates que repitió en campaña y que hoy, su ejército de vasallos replica como autómatas hasta en el tono de hablar, culpando a todos quienes gobernaron en algún punto del pasado -siempre y cuando no se hayan cambiado de partido, desde luego-.

Las decisiones que deberá tomar el gobierno municipal no son sencillas, en especial de cara a la Feria de Primavera, pues por un lado los ciudadanos están molestos con los pésimos resultados en materia de seguridad de la 4T y buscan la manera de expresarlo ante la falta de condiciones para dialogar con un gobierno que no pretende escuchar a nadie que opine distinto, pero por el otro, por más solidarios que quieran ser, los comerciantes y prestadores de servicios, requieren de acciones para reactivar la economía y poder seguir cumpliendo con sus compromisos en pagos de salarios, rentas, impuestos y créditos.

La oposición evidentemente se suma a la protesta contra el gobierno, sin embargo, es lamentable que algunos actores políticos parecen más enfocados en cancelar los eventos para evidenciar las carencias de la administración municipal que en exigir soluciones, que es lo que en verdad necesitamos los jerezanos. En el congreso se presentó una iniciativa para intentar cancelar la Feria de Primavera, ojalá se presentara una iniciativa para asegurar los recursos humanos y económicos necesarios para combatir la delincuencia en nuestro municipio.

Al final, lo que ocurra dependerán en gran medida de la cooperación de los gobiernos estatal y federal para lograr que los ciudadanos nos sintamos tranquilos de nuevo. Porque resulta difícil pensar que alguien que no sea la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano o la Marina Armada de México, tenga la capacidad de establecer las condiciones necesarias.