Raymundo Carrillo

La pena de muerte en México es impedida con diferentes argumentos y uno de los más sólidos es la imperfección en la procuración y aplicación de la justicia, dado que se reconoce desde hace muchos años de esta época moderna que, el Poder Judicial y el sistema penal tienen una serie de inconsistencias, las cuales, llevarían al cadalso a victimas inocentes.

Algo semejante sucede ahora mismo con personas inocentes, quienes, se encuentran detenidos con procesos anómalos y defectuosos que incluso les impiden sentencias, así, permanecen encarcelados y, en el caso de ser liberados, no se les reconoce como víctimas que pueden y deben ser compensados por el tiempo en que injustamente fueron cautivos.

En la actualidad, lo anterior es un ejemplo de lo que ha significado la “prisión preventiva” para muchas personas. Para el año de 2017 cuando fue legislado el asunto, hubo más fuerzas políticas empujando la Ley en mención, antes que, un detenido y minucioso indagar, analizar y proceder que hubiera contemplado lo considerado cuando se ha pensado en la pena de muerte ¿tenemos un sistema de justicia adecuado para aplicar la prisión preventiva?

La respuesta ha sido respondida sobre todo en el presente sexenio: no. Son muchas las muestras en que se ha empleado más en venganzas políticas y atenuantes inmediatos de la opinión pública o familiares de víctimas, empleando “chivos expiatorios”.

Claro que debe de ser revisada. La revisión, será en los próximos días aclarada, si es materia aplicable a los escritorios del Poder Judicial o, si es materia de las Curules y Escaños del Poder Legislativo. Lo cierto es que, de una manera u otra, seguramente es materia del Poder Ejecutivo implementar en materia de procuración de justicia, cuerpos policiales aptos para investigar e integrar verídicamente los expedientes de a quien se le impute el delito habido, cosa que no hay actualmente.

La prisión preventiva sin duda es necesaria, pero no para todos los delitos ni todos los casos en que se está aplicando ahora. El informe presidencial ha sido un cúmulo de datos, de esos datos que solamente el presidente tiene.

El informe presidencial, en el nuevo formato, es un evento de cuates y empleados, subordinados para lo que diga el informante; será el mismo caso para el informe para el informe estatal gubernamental. Las glosas de ahora, no contemplan formalidad para hacer observaciones frente del autor del informe, ni críticas que sea contempladas a manera de revisar para mejorar condiciones, hechos, obras y programas aplicados a la población. No se podía esperar menos de un presidencialismo de indiscutible manejo oscuro de buena parte del presupuesto público.

Si de una tesis ideológica formal se tratara, únicamente la pensión para adultos mayores es rescatable dada su condición de universal; posiblemente si se universalizara la de minusválidos y personas especiales, fuera también adecuada.

No así los programas otros, sin importar el que sea, todos son sexenales y a disposición no de todos, sino para el movimiento que gobierna, con segmentos poblacionales cautivos a efectos electorales. en los anuncios de ambos informes, las cifras mostradas y los resultados mencionados con porcentuales, son un telón interpuesto, para engañar a quien se deje. Esto anterior, hace pensar en la paga o costo en la manipulación de cifras obtenidas por encuestas. El que paga manda.