Las denuncias presentadas son por asaltos, detenciones, chequeos y cobros de piso que maestros sufren al trasladarse a su lugar de trabajo

De agosto a lo que va del mes, son al menos 60 las denuncias presentadas por parte de los docentes debido a hechos de violencia ocurridos durante traslados, así lo explicó el secretario general de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Óscar Castruita Hernández.

Expuso que lo casos denunciados son asaltos, detenciones, chequeos hasta otros actos que han sufrido los docentes, como el cobro de piso para trabajar en las escuelas“Hay muchos que se quedan con ese miedo, zozobra, se le da a conocer a las autoridades inmediatas, pero de ahí no pasa”, explicó el secretario.

Lamentó que, a pesar de la violencia en los municipios del estado, la dependencia no tiene un protocolo que garantice a los maestros realizar traslados seguros para llegar a sus centros de trabajo.

“Hoy estamos viviendo una realidad lamentable porque vivimos en un estado sin gobernabilidad y eso representa inseguridad, miedo, temor, estrés en los trabajadores de la educación, sobre todo en compañeros que hacen sus recorridos en lugares que el estado tiene focalizadas de alto riesgo”.

Consideró que la suspensión de clases se debió realizar de manera ejecutiva. Tampoco existen protocolos para que los alumnos puedan acceder a los planteles de manera confiable, advirtió.

En este sentido, el líder del SNTE 58 exhortó a las autoridades a realizar acciones, con el objetivo de brindar estabilidad y seguridad tanto a los docentes como a los estudiantes.Ante la situación reportada por los docentes, diputados de la LXIV (64) Legislatura urgieron a atender la crisis de inseguridad que afecta a los maestros, al denunciar que incluso son víctimas de cobros por derecho de piso para trabajar en escuelas.

Alertaron de casos recientes como la muerte de un profesor y el asalto a otros dos en Loreto, además de la desaparición de una docente en Pinos.

Con 21 votos a favor y cero en contra, en la sesión legislativa de este martes 26 de octubre se aprobó un exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que se implemente un protocolo que resguarde tanto al personal que labora en los centros educativos como a alumnos y padres de familia.