Irene Escobedo López

México insiste en no querer ver lo que claramente si se ve y si se advierte desde el exterior, en concreto desde la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

La prisión preventiva oficiosa es violatoria a la presunción de inocencia y afecta a miles de personas privadas de la libertad y sin sentencia. Hasta 2020, 4 de cada diez presos se encontraban privados de su libertad y sin sentencia, en concreto se trata de casi 59 mil internos que, o no han podido o no se les ha permitido demostrar su inocencia y ocurre en centros penitenciarios estatales, tutelares para menores y prisiones militares, donde hay gente que permanece encarcelada por años, cinco, diez, quince.

Las consecuencias son Centros Penitenciarios al tope, con una ocupación del 97%, más los costos sociales y económicos que esto implica, 140 pesos al día que el estado mexicano debe aportar para alimentación, uniformes, medicamentos de 155 mil 400 personas privadas de la libertad, entre sentenciados (62%) y no sentenciados (38%).

La prisión preventiva oficiosa, es un tema que las instancias internacionales cuestionan su permanencia y que va en contra de toda práctica a los derechos humanos por las presumibles acciones de tortura y todas esas cosas que la autoridad hace para presionar una confesión como método de investigación.

Los pactos internacionales que tiene México en materia de Derechos Humanos, indudablemente le obligan a acatar las disposiciones de la CIDH, su participación en diversos tratados internacionales también no le deja oportunidad de desairar la petición para terminar con esta figura de detención considerada abusiva y contraria a la idea de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

El camino para acatar la disposición es la Constitución, pero también será tarea de jueces y magistrados. Afortunadamente sobre el tema ya hay observadores internacionales y una recomendación que tiene peso y sustento y que se adiciona a otras 40 recomendaciones que ha emitido la CIDH a México.

Dicen que las cárceles están llenas de inocentes, podría ser, pero al menos de gente sin sentencia si están repletas, los números están allí y no mienten. ¿Cuántos disculpe usted se emitirán si esta recomendación se acata tal cual es la recomendación? Las cárceles se quedarían con casi el 40 por ciento menos de internos, una barbaridad.