Los recursos del Insabi serán transferidos al organismo público IMSS-Bienestar

La Cámara de Diputados aprobó el 25 de abril una reforma que pondrá fin a las operaciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Este organismo, creado en 2020, tenía como objetivo brindar atención médica gratuita y medicamentos a los mexicanos que no contaban con seguridad social. El Insabi reemplazó al Seguro Popular, creado durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, pero este último fue constantemente criticado por su desabasto de medicamentos. El presidente López Obrador consideraba que el Seguro Popular era una institución deficiente y corrupta y había prometido desaparecer incluso antes de ser elegido. 

El Insabi se presentó como una alternativa mejorada, que recupera clínicas y hospitales abandonados y que ofrecería tratamiento para enfermedades difíciles como el cáncer y el VIH. Sin embargo, el proyecto ha sido criticado por la falta de una propuesta viable y ha generado controversias y dudas respecto a su fiabilidad. La reforma aprobada garantizará la universalidad en la atención médica en zonas rurales y urbanas, fortaleciendo el programa IMSS Bienestar y eliminando las cuotas de recuperación para el acceso gratuito a la salud. 

¿Qué pasará con las personas afiliadas al Insabi?

Una vez que esta reforma sea aprobada también por el Senado de la República y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los recursos del Insabi serán transferidos al organismo público IMSS-Bienestar.

Sobre los servicios que prestaba el Insabi a los ciudadanos y ciudadanas sin seguridad social, el legislador morenista Emmanuel Reyes señaló que el IMSS-Bienestar reemplazará al Insabi para la prestación de los servicios de salud.

Mientras que los y las trabajadoras del Insabi serán transferidos al IMSS-Bienestar o a la Secretaría de Salud y sus derechos laborales deberán respetarse “conforme a la ley, las condiciones generales de trabajo y la demás normatividad aplicable”.

La propuesta del morenista también prohíbe el cobro de cuotas por servicios de salud y medicamentos en las instituciones que atienden a personas sin afiliación.