Una promesa de campaña que Alejandro Tello no ha cumplido

Son tan evidentes los graves problemas de inseguridad por los que atraviesa la entidad, que se ha ubicado entre las siete de mayor incidencia delictiva a nivel nacional, y por lo tanto las autoridades no pueden negar el incremento de esos índices y la urgente necesidad de implementar estrategias para revertir los brotes de violencia que han sido múltiples en diversos puntos de la entidad, como el suscitado hace unos días en Nochistlán, municipio en el que no se registraban hechos violentos y de pronto se da un enfrentamiento entre grupos antagónicos que alarmó a los habitantes del lugar que se arrinconaron en sus viviendas al comenzar la balacera que según fuentes oficiales duró menos de media hora, contándose en las calles que sirvieron de escenario de los hechos, más de mil quinientos cartuchos percutidos, ante una tardía aparición de las fuerzas de seguridad cuando todo había transcurrido, presentándose solamente para contar los casquillos y algunas granadas que también fueron usadas, además de camionetas y automóviles baleados que fueron abandonados, algunos con reporte de robo. También contaron las casas con marcas de la balacera, pero obviamente nada más se supo al respecto; señalando el vocero de seguridad que no se encontraron víctimas ni siquiera rastros de sangre en los vehículos; seguramente los protagonistas –todos-, tenían muy mala puntería.

El propio gobernador tuvo que reconocer la tardía intervención de los cuerpos de seguridad, ofreciendo echarle más ganas al asunto para que los zacatecanos no nos sintamos desprotegidos; sin embargo, las palabras de aliento y las buenas intenciones no ha sido suficiente para frenar esta creciente ola de violencia, registrándose las cifras más altas en homicidios, secuestros, robos y extorsiones; un record del que sin duda, el señor gobernador no debe sentirse orgulloso.

Y no solamente el ciudadano común reclama eficiencia en medidas de seguridad y combate al delito, lo hacen organismos empresariales, inversionistas extranjeros como el Presidente de K&S empresa japonesa que abrió nueva planta en Jerez, solicitándole al ejecutivo estatal, condiciones de seguridad para poder trabajar y continuar avanzando; o como lo señalaba María de la Luz Domínguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, “en un estado donde no hay seguridad pública, tampoco hay condiciones para el desarrollo de las familias, de la comunidad, en todos los ámbitos…”

En días anteriores había renunciado Mara Muñoz, como Directora del Centro de Justicia para Mujeres, haciendo serias denuncias contra altos mandos de la Procuraduría del Estado, señalando que el combate a la impunidad y a la corrupción debe iniciarse con funcionarios públicos.

Sin duda algo anda mal en los órganos de justicia y corporaciones de seguridad, siendo urgente una revisión a los mismos y establecer estrategias más eficientes.

Una de las demandas y peticiones más recurrentes que la población le hizo al ahora gobernador durante su campaña, fue precisamente mayor seguridad, pero ahora ve con desencanto que la situación empeora y las promesas de devolverle la paz y tranquilidad anhelada a los zacatecanos, fue solamente eso, una promesa que como tantas otras, no se ha cumplido.