Por Jaime Santoyo Castro

La guerra en Ucrania ha generado, entre otras muchas cosas, un injusto desplazamiento de miles de gentes inocentes que, en aras de conservar su vida y la de sus familiares, han dejado su tierra, sus casas, sus animales, sus empleos, sus negocios; ¡todo por lo que lucharon en su vida!, y se van con un destino incierto a empezar de nuevo, con la esperanza siempre puesta en regresar.

Gracias a los medios de comunicación hemos visto escenas de mexicanos residentes en algunas regiones de Ucrania, que, apoyados por personal de las embajadas y custodiados por la policía fronteriza, salen de sus lugares de residencia con un intenso dolor y un gran sentimiento de injusticia porque, como la mayoría de la población, son ajenos a las causas que originaron la guerra, que es producto de una decisión política vinculada a intereses de dominación o quizá de defensa, pero que no fue sometida a su consideración, ni ha tomado en cuenta sus opiniones ni aspiraciones y mucho menos sus intereses.

Lo único que saben es que para conservar su vida tienen que abandonar lo que fue su vida; y sintiéndose indefensos se tienen que ir de inmediato, súbitamente, con lo más indispensable, del lugar donde se arraigaron, dejando abandonados sus bienes, sus recuerdos y sus sueños para ir a quién sabe donde, o en el mejor de los casos, a sus lugares de origen, del que salieron para buscar el porvenir; algo parecido a lo que sucede en algunas comunidades de Zacatecas

¿Dónde se esconde la justicia? Porqué se están conculcando los derechos “naturales e imprescriptibles” como la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión que postuló la Declaración Universal de los Derechos del Hombre que manifiesta que “…el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tiene sólo aquellos límites que aseguran a los demás miembros de la misma sociedad el goce de estos mismos derechos”. Quizá la más grande justificación de la democracia es aquella que consiste en que más allá de su inclinación política o ideológica, el estado tiene el compromiso  de promocionar la equidad de derechos y prohibir las acciones que sean dañinas para la sociedad, y  reconocer la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia.