La propuesta del Paquete Económico 2024, presentada recientemente, plantea un déficit presupuestario que alcanza el 4.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el más alto desde 1989. Este déficit es la diferencia entre el gasto y los ingresos proyectados y resulta de un gasto histórico equivalente al 26.2 por ciento del PIB.

Al mismo tiempo, los ingresos se proyectan de manera más moderada, representando el 21.3 por ciento del PIB, lo que incluso está por debajo de lo aprobado para el Presupuesto del 2023, según revelan los documentos del Paquete Económico 2024.

Este desequilibrio entre gasto e ingresos ejerce presión sobre las finanzas públicas, lo que implica que el Gobierno podría verse obligado a recurrir a un mayor endeudamiento para contar con los recursos necesarios, según expertos consultados. El Centro de Investigación y Estudios Presupuestarios (CIEP) señaló que, el año pasado, Hacienda estimó que el endeudamiento sería del 2.7 por ciento del PIB, pero con los datos presentados recientemente, se prevé que alcance el 5.4 por ciento.

A pesar de los mayores recursos destinados a erogaciones, el presupuesto tiene un margen de maniobra limitado, ya que la mayor parte del gasto neto propuesto para 2024 (21.7 puntos de los 26.2 puntos del PIB) está destinada a cubrir gastos ya comprometidos, como el costo de la deuda y las pensiones, que no pueden posponerse.

Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, señaló que un mayor déficit debería respaldarse con proyectos que generen mayores ingresos en el futuro, de lo contrario, podría afectar el crecimiento económico y dar lugar a aumentos de impuestos. También advirtió que un alto déficit puede traer consigo riesgos para el tipo de cambio, inflación, salidas de capitales, tasas de interés elevadas y depreciación de la moneda.

Durante la actual administración, el déficit público ha aumentado año tras año, pasando del 1.6 por ciento del PIB en 2019 a un estimado del 3.3 por ciento al cierre de 2023, casi dos puntos por debajo de lo presupuestado para 2024. Esto representa un riesgo para la calificación crediticia de la deuda soberana de México y ejercerá presión sobre la próxima administración.