Antonio Sánchez González.

Médico.

La próxima semana, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) con el soporte logístico y técnico de la Secretaría Ejecutiva del mismo SNA y de la Red de los CPC de cada estado, serán los convocantes de una serie de foros de consulta que reunirán a académicos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, gobernantes, funcionarios de la administración pública y personas preocupadas por impulsar una agenda de rendición de cuentas en México, en la última fase de un ejercicio que tiene como objetivo obtener la mayor cantidad de opiniones para que, finalmente, se pueda redactar un documento que contenga la Política Nacional Anticorrupción (PNA). La ciudad de Zacatecas será sede de uno de estos foros, al que acudirán los zacatecanos convocados con ese fin y también los ciudadanos de los estados de Aguascalientes, Durango, Guanajuato y San Luis Potosí.

Esta fase del proyecto tiene como antecedentes bibliográficos una serie de varias decenas de trabajos académicos y técnicos, entre los que se incluyen las extensas propuestas presentadas al CPC Nacional por la Red para la Rendición de Cuentas (RRC) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la hecha por la Secretaría de la Función Pública del gobierno de la república. Sin embargo, teniendo en cuenta que la propuesta de la PNA debe contar con el parecer y el sentimiento de una mayoría de los ciudadanos que nos represente, se encargó al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional el diseño de este ejercicio de consulta nacional, que antes de los foros tuvo dos fases previas: una consulta digital nacional abierta que recibió las aportaciones de casi 20 mil personas y una serie de encuestas hechas cara a cara aplicadas a una muestra de ciudadanos de perfiles diversos que habitan en las diversas regiones del país. Estos datos serán sometidos, todavía, a la revisión de un consejo consultivo. Se trata de poder escribir un documento que sea técnicamente correcto al mismo tiempo que claro, factible, representativo, justo, diverso e incluyente.

Estoy convencido de que podemos estar de acuerdo en que la redacción y final propuesta de una PNA es una buena noticia, pues se vislumbra ya la posibilidad de que el SNA y sus análogos estatales muestren el rumbo que, al respecto, perseguiremos los ciudadanos involucrados en el tema, asunto que, desde mi punto de vista, había sido pospuesto por demasiado tiempo y cuya falta generó fallas, malentendidos, ataques fundados y escepticismo.

La ausencia de un documento con la PNA, que puede entenderse también como un programa o plan de trabajo para el SNA, se había convertido en un fantasma en el armario y reduce su actuación a reacciones a problemas específicos e imposibles de interpretar como parte de un itinerario trazado por ese Sistema. Sin un documento con políticas de mediano y largo plazos que señale problemas, proponga soluciones, determine prioridades y un camino para lograrlas, el SNA no puede encabezar acciones con congruencia buscando objetivos concretos; la carencia de una PNA impide que los integrantes del Comité Coordinador del SNA realmente se coordinen, provoca que los sistemas estatales anticorrupción locales carezcan de una idea clara para proceder dentro de sus propios ámbitos gubernamentales y sociales, y causa que, incluso, los integrantes de los diversos comités coordinadores no comprendan sus roles específicos dentro del SNA, de los sistemas locales, ni la utilidad de estos mismos.

El no contar con un documento con la PNA del SNA es elemento de especial preocupación, pues incluso desde adentro, a algunos ciudadanos nos parecía que la omisión se sumaba al hecho de que en sus inicios el CPC cometió errores por falta de rumbo y carecía de argumentos absolutamente sólidos para exigir que se complete el SNA con los nombramientos del fiscal y los magistrados federales especializados en la materia.

En suma, la redacción de este documento representa una de las primeras acciones que apuntan a la conformación de una agenda nacional anticorrupción y reduce el riesgo del SNA de cometer los errores en los que cayó durante sus primeros meses de existencia.