Además, faltan estudios de impacto, comprobantes de procesos de expropiación, normas, concesión, entre otras cosas

La Auditoría Superior de la Federación detectó un caos administrativo en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde destaca la falta de evidencia de su rentabilidad, carencia de estudios sobre el impacto social y regional, así como nula evidencia de los procesos de adquisición y expropiación de tierras. Además, existen irregularidades financieras por más de 236 millones de pesos.

De acuerdo con la Cuenta Pública 2019, durante el primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó contrataciones indebidas y tuvo omisiones en una de las obras insignias de la cuarta transformación.

La auditoría a los Estudios de Preinversión para la Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil-Militar, indica que la principal irregularidad fue por 235.5 millones de pesos por la falta de documentación que justificaran la adquisición de 49 predios aledaños al aeropuerto.

En la auditoría, la Secretaría de Defensa aceptó que la construcción del aeropuerto no cuenta con una concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aunque la Auditoría Superior resaltó que la ley lo exige.

La Auditoría recomendó al Ejército atender las acciones comprometidas en el Convenio de Colaboración en Materia Aeronáutica, relacionadas con la obtención y tratamiento de todo tipo de permisos, licencias, concesiones y todo lo que resulte necesario para la construcción del aeropuerto.

Y con respecto a los estudios técnicos de la obra que se construye en Santa Lucía, Zumpango, Estado de México, la Auditoría detectó que el Ejército contrató a una empresa multada e inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública, sancionada por la Comisión Federal de Competencia Económica, contribuyente incumplido con el Servicio de Administración Tributaria y que emitía comprobantes fiscales digitales inexistentes.

OLVIDARON MEDIR EL IMPACTO

En otra auditoría para revisar los Efectos Regionales y Urbanos del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, se comprobó que no hay normas, ni reglas para plantear la construcción de un aeropuerto mixto, civil y militar, lo que puede representar riesgos en el proceso de construcción y operación.

La obra que tiene un avance del 50 por ciento y se prevé inaugurar el 21 de marzo de 2022, pero no cuenta con un marco jurídico que regule la construcción y operación de un aeropuerto internacional de modalidad mixta, así como problemas futuros en caso de que en el país se construya un aeropuerto similar.

Dicha auditoría también encontró irregularidades administrativas en la obra de Santa Lucía, entre las que destacan que aunque el Ejército aseguró contar con 128 hectáreas de terrenos nacionales, no logró diferenciar las delimitaciones territoriales de la obra civil de la militar, así como la delimitación periférica del proyecto en general.

A su vez, la terminal aérea se construye en una zona dedicada a la agricultura y donde miles de personas habitan a sus alrededores, sin que se cuente, hasta ahora, con un estudio de los cambios, así como los efectos positivos y negativos del aeropuerto en la población.

Defensa Nacional tampoco acreditó los procesos de compra, expropiación y cambios de uso de suelo de mil 31 hectáreas que se adquirieron para las obras complementarias, vialidades, pistas y áreas de amortiguamiento.

El proyecto carece de acciones para garantizar la accesibilidad y movilidad de los usuarios, trabajadores y de la población en general que actualmente se traslada en la zona; y del impacto en el desarrollo que se generará como consecuencia del nuevo aeropuerto.

Se manifestó que el Ejército no previó todos los impactos, efectos y riesgos sociales que se generarían por la construcción y operación del Aeropuerto Felipe Ángeles. Y otra de las conclusiones es que no se cumplirán las condiciones requeridas para determinar que el proyecto es rentable.

AUMENTA LA DEUDA DEL AVIÓN

Se agregó además que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un convenio de modificación con Banobras para la terminación anticipada del contrato de arrendamiento del avión presidencial Boeing 787, cuya cláusula principal señala que esta tendrá vigor cuando se comercialice la aeronave, se cubra la deuda y los remanentes, de existir, se reintegren a la Tesorería de la Federación.

Esto indica que debido a que el avión no se ha logrado vender desde diciembre de 2018, el Ejército sigue pagando a Banobras el arrendamiento financiero, y a la fecha, queda una deuda de 3 mil 149 millones de pesos a pagar hasta 2027.

Por esto, se pidió a la Contraloría de la Secretaría de Defensa sancionar e investigar a los militares que autorizaron los contratos con la empresa Boeing para el traslado y resguardo del TP01 en Estados Unidos, donde estuvo guardado por un año.

El motivo es que la Defensa Nacional pagó 22.9 millones de pesos cuando el avión pudo ser resguardado, sin gastar, en el ex Hangar Presidencial, donde se contaba con todos los elementos para guardarlo, aunque no se ocupara.

Andrés Manuel López Obrador ordenó la venta de la aeronave al iniciar su administración, lo cual no se ha logrado a pesar de las diferentes formas en que lo ha intentado, no funcionó su traslado a Estados Unidos, ni intentar rifar su valor simbólico, por lo que dicho activo se queda estancado y sigue generando adeudo de un promedio de 500 millones de pesos anuales.