Jaime Santoyo Castro

Por dondequiera que sea se escucha decir que la gente no cree en la política y los políticos; que se desconfía de ellos y son identificados como ruines, mentirosos, corruptos, ineficaces, etc. etc. y ¿cómo no? Si cada vez que pueden algunos, se burlan descaradamente de la sociedad pisoteando las leyes, los principios rectores de los procesos legales y electorales sin más razón que su interés personal.

Para muestra, un botón. El día 2 de junio pasado, la ciudadanía de Baja California acudió a las urnas a elegir, entre otros cargos, al Gobernador del Estado, que fungiría por dos años. Previo a ello, en el año de 2014, la legislatura local había modificado la Constitución de la Entidad para precisar que el siguiente gobernador sería de dos años no reelegible, para empatar la elección del próximo gobernador con la elección federal del 2021, a fin de disminuir gastos y pérdidas de tiempo en tanto proceso. Lo mismo se hizo en Zacatecas y en otras latitudes. 

Con base en ello, se adecuaron las leyes electorales locales y el Instituto electoral del Estado publicó la convocatoria para que los partidos políticos y ciudadanos se inscribieran a participar en la elección de gobernador para el período 2019-2021, proceso que se desarrolló con toda normalidad y al final se reconoció el triunfo del candidato de la Coalición Juntos haremos historia, Jaime Bonilla.   

Ya ganado, se les hizo poco dos años. Mareados por el apoyo popular, y creyendo como muchos, que el pueblo los necesita más tiempo en el gobierno, promovieron una reforma constitucional para ampliar el mandato a cinco años. Es decir, tres años más. Seguramente pensando en que dos años son muy poco tiempo para gozar de las mieles del poder.  La iniciativa fue apoyada vergonzosamente por diputados de Acción Nacional, de Morena, del Revolucionario Institucional, del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano, de la revolución democrática y de un partido local Transformemos, sin más argumento que el de ahorrar gastos, lo que es desmentido por el rumor generalizado de que vendieron su voto. No hay elementos ni argumentos legales que sustenten la inconstitucional reforma, que no sólo viola la Constitución Federal y la local de la entidad; sino quebranta aún más, la confianza ciudadana y presagia más de eso. ¿Será?