El caso más palpable ahora, es el de Javier Duarte.

De la generación actual de gobernantes y recientes exgobernadores, señalados o en proceso judicial por delito o faltas administrativas algunas, el de Veracruz, quien pidió licencia para dar seguridad a la investigación de su servicio público; desapareció luego en fuga, después fue detenido en Guatemala, se encuentra finalmente esta semana en México. Su regreso fue antecedido de una visita realizada por Peña Nieto en aquella República vecina. Luego de la visita de Peña, Duarte anunció que no resistiría con acción alguna para su regreso y ser enjuiciado.

Ahora las especulaciones sobre su correcto proceso son moda y tema candente. Antes de su llegada le suspenden dos órdenes de aprehensión por dos diferentes imputaciones. En su primera comparecencia, los fiscales estatales de Veracruz y la PGR, no integran bien las acusaciones, al grado de ser inquiridos públicamente por el Juez. Ante las irregularidades presentadas la prensa cuestiona   al secretario de Gobernación quien contesta: “tengan fe”.

Son verdaderamente muchos los exgobernadores que tienen reclamos debido a sus deficientes administraciones, todos con denuncias, unos protegidos, otros no. A Miguel Alonso en Zacatecas le presumen denuncias. Su gestión en Turismo, es materia de protestas en otros Estados de la República. La credibilidad del sistema y régimen siguen en tela de juicio, sin alcanzar plena credibilidad.

Varios analistas políticos a nivel nacional opinan sobre lo raro del caso, que tal vez –a estas alturas- ya no lo sea tanto y aseguran que Duarte se siente protegido porque si habla sobre los delitos que le imputan, salpicaría a los altos mandos del priísmo nacional y sobre todo a su protector Peña Nieto que se vio favorecido con sumas millonarias provenientes de Veracruz para los gastos de campaña 2012.