Por Irene Escobedo

Desde la Legislatura del Estado se ha lanzado un llamado al Gobernador del Estado Alejandro Tello Cristerna, para transparentar los recursos destinados a la realización de pruebas de Covid-19. No es que se le sepa algo al Señor Gobernador, pero dado el elevado número de pruebas que al parecer de la LXIII Legislatura están siendo pagadas en laboratorios privados por la población, no se sabe a ciencia cierta si las cifras que de manera oficial se han emitido, corresponden a lo gastado exclusivamente por el gobierno de Zacatecas o se le sumó –claro, por descuido- lo pagado por particulares. La petición, forma parte de una iniciativa del Diputado Javier Calzada Vázquez, quien está convencido de que son muy pocas las pruebas que los hospitales y laboratorios públicos han realizado en Zacatecas y por lo tanto las cifras que se reportan como gasto pueden estar alteradas al no ser suficientemente claras. El panorama que advierte el diputado no es sin embargo privativo de Zacatecas. El país entero ocupa el deshonroso último lugar de entre los países miembros de la OCDE en aplicar menos pruebas contra el Coronavirus o sea que, como México no hay dos. Junto con Polonia, Hungría, Grecia y Japón estamos a nivel mundial en el grupo de los “no gracias joven, hay para la otra’. Así las cosas, es probable que alguien más se esté adornando con lo que usted –si ha hecho uso del servicio- ha pagado de su bolsillo por alguna prueba anti Covid. Pero no para ahí el asunto, la cartera tiene que cuidarla por todos lados, porque no cualquier hospital o laboratorio puede venderle y aplicarle la prueba. No todos están validados por la Secretaría de Salud. En el catálogo de los aprobados en México, hay 166 hospitales y laboratorios -entre públicos y privados- facultados para tal efecto, que cuentan con la prueba digamos certificada y con los protocolos para generar estadística. El costo de la prueba va de los 3 mil 500 a los 5 mil pesos que a decir de Calzada Vázquez es muy probable que estén siendo contabilizados como inversión gubernamental cuando es recurso pagado por particulares. Lo que no aclaró el legislador es si, de comprobarse que hubo falta de claridad en el manejo de estas cifras, se darán por buenos o se les regresarán a los pacientes que pagaron servicios privados.