Antonio Sánchez González, médico.

La muy diversa madurez de los sistemas anticorrupción del país y las circunstancias sociales, legales y políticas que enfrentan, están entre las razones que dificultan su coordinación operativa y su ejercicio cotidiano. Esa dificultad de coordinación sufrió un reto cuando el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y su Secretaría Ejecutiva convocaron a sus pares estatales a discutir y aportar al temario de la propuesta de la Política Nacional Anticorrupción (PNA) que sirva de base documental a todo el SNA.

La respuesta a esa convocatoria fue provocativamente numerosa y este no es un asunto menor, por lo diverso del país, porque son numerosos los problemas que enfrentan los sistemas locales anticorrupción (SEA) y porque es precisamente en lo local donde realmente se pueden traducir las políticas públicas que mejoran la vida de la gente.

Acudimos quienes estábamos obligados, me refiero a los integrantes de CPC y de las otras instancias que componen los comités coordinadores de los SEA, también los representantes de Organismos de la Sociedad Civil (OSC) y la academia, los empresarios y hasta algún gobernador que también arrastró lápiz. Pero hubo, felizmente, mucha gente común, la misma que diariamente paga caro los costos de la corrupción en las calles de este país en donde el poder de la autoridad ha sido tan grande como la distancia que lo separa de sus ciudadanos: sus contribuciones tomadas de primera mano y no exclusivamente a través de la interpretación de los expertos es un hecho casi inédito en México.

Especulo que las contribuciones de los ciudadanos comunes a la PNA son señal de su interés en el tema, pero también de su conocimiento. Las interpreto como indicios de que la labor de todos los que se involucraron en el trabajo de señalar los efectos patológicos de la corrupción desde las editoriales periodísticas, las redes sociales, las calles, las universidades y los recintos legislativos, permeó y condujo a muchos a contribuir en escenarios más formales que perciben útiles, más allá de tomar medidas instintivas a través de las urnas.

Al final de cuentas, creo que también se evidenciaron las contribuciones de los CPC en todo este proceso. Mostramos cómo los CPC son parte central de la gobernanza del SNA; la gobernanza faculta a los comités para que participen del codiseño de políticas para el combate a la corrupción.

Sin dejar de ver la numeralia y los detalles técnicos en el diseño del documento que pondremos a disposición de todos en el país con la propuesta de PNA, creo que su realización deja varias marcas: es la primera vez que varios brazos del SNA trabajaron coordinadamente después de la promulgación de su marco legal; es la primera vez que el SNA recoge -parámetros científicos por medio- las opiniones de ciudadanos comunes sobre un tema que, demostrado está, es del interés general; y es la primera vez que se podrá contrastar y conjuntar la opinión popular con la visión de los académicos y de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que durante lustros trabajamos para lograr la implementación del sistema mismo. La misma numeralia si es evidencia de que el control de la corrupción en el país es del interés del pueblo de México y no propiedad de uno. Así como que el interés y responsabilidad de resolver de fondo a la corrupción se encuentra distribuido en todo el territorio, por lo que el Sistema Anticorrupción deberá ser genuinamente nacional o solo será un hueco eufemismo centralista.

Jorge Alatorre primer presidente del CPC de Jalisco dijo hace unos días que, “Un sistema eficiente identifica claramente su propósito, así como las responsabilidades de sus partes en la consecución del mismo”, a pesar de que se puede ver que hay perversidades “tales como el bloqueo sistemático hacia el componente ciudadano del sistema, desinterés en avanzar por rutas que impliquen desgaste político, … o de plano incentivos de funcionarios o ciudadanos preocupados más por la promoción de su carrera política que por el éxito del sistema”. Por lo que conozco de su base documental, anticipo que el documento con la PNA que presentaremos el 18 de diciembre a todo el país tendrá una visión clara, coordinada, ambiciosa, precisa, progresista, moderna, factible y con la impronta de las demandas de la sociedad, que conduzca al éxito del sistema; creo que también servirá para eliminar bloqueos y desanimar afanes personales.

Es una muy clara evidencia de que no cabe una política de “punto final” como la que propuso el presidente López Obrador. Es un recordatorio de que el gobierno mexicano está obligado a investigar y sancionar penalmente la corrupción, como mandata la Constitución de la República.

Los mexicanos somos demasiado frenéticos a la hora de corregir errores, demasiado impacientes, bruscos, pero creo que en el documento que presentaremos el 18 en Ciudad de México hay evidencia sólida para sostener que no es necesario empezar de cero.

El autor es integrante del CPC del SLA en Zacatecas.