• Antonio Sánchez González, médico

 Una función esencial de los gobiernos, sino la principal, es tomar las medidas para garantizar los derechos de la ciudadanía y reducir la desigualdad: acceso a buena educación pública, atención a la salud, carreteras, seguridad o agua potable. Cada año los gobiernos del mundo invierten con ese propósito cerca de 9500 millones de dólares estadounidenses en contratos públicos, un monto equivalente a 25 veces el presupuesto anual de 2017 de un país desarrollado como España o 1900 veces el de El Salvador. Son contratos vulnerables a malos manejos, fraude y corrupción: según la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, el fraude y la corrupción afectan hasta la cuarta parte de los presupuestos asignados a compras públicas.

El Instituto Latinoamericano de Estudios Fiscales atribuye la corrupción a seis razones: Estados con instituciones débiles, leyes omisas o desactualizadas, impunidad y conflictos de interés, y especialmente acceso limitado a información pública e insuficiente participación ciudadana. Combatirlas todas es un desafío colosal que amerita acciones que favorezcan la transparencia, apertura y rendición de cuentas de los Estados y exige el trabajo articulado de la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos, tal como lo han explicado ya la Iniciativa Latinoamericana para los Datos Abiertos, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, el G20 y la Comisión Económica para América Latina.

En nuestro país, el Sistema Nacional Anticorrupción, el ambicioso entramado legal que ayudaría a acabar con un mal endémico que nos cuesta el 10% del PIB, avanza a marchas forzadas por la pachorra, la manifiesta falta de interés del grueso del público, la resistencia de las instituciones y la falta de acuerdos para concluir los nombramientos de las piezas clave que conforman el sistema. El mayor rezago está en los Estados: solo un tercio de las entidades tienen constituido completamente su sistema local para comenzar a operar.

Si el reto es tan grandioso, ¿por dónde empezar? El camino parece más o menos claro: decenas de medios de comunicación y organizaciones sociales de Latinoamérica decidieron empezar por seguirle la pista al dinero público, trazar las relaciones entre gobiernos y empresas y fortalecer la apertura de los datos y de los contratos firmados por los gobiernos latinoamericanos con el propósito de desalentar a los corruptos; la otra vertiente es el involucramiento de los ciudadanos en la vigilancia de las instituciones destinadas a fiscalizar el ejercicio público, de modo de que quien la haga la pague a tiempo.

Con estos mecanismos, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción detectaron en un trabajo publicado bajo el ya famoso título de “Estafa Maestra” contratos ilegales y probaron la entrega de dinero público a empresas fantasma: las empresas fantasmas nacen exclusivamente para falsear comprobantes fiscales. Su trabajo ‘Las empresas fantasmas de Veracruz’ recibió el premio al mejor reportaje de investigación de México en 2017.

Al mismo tiempo, la plataforma colaborativa “Incorruptible”, desarrollada por jóvenes mexicanos, usa herramientas digitales y contenidos multimedia para también combatir la anticorrupción. Es un proyecto de Borde Político en alianza con otras organizaciones de la sociedad civil.

Por el lado formal, el logro más importante del Sistema Nacional Anticorrupción es que su Comité Coordinador, la instancia encargada de organizar a las autoridades para combatir la corrupción, sea presidido por un miembro de la sociedad civil, que a su vez es presidente del Comité de Participación Ciudadana. A nivel federal el cargo lo ostenta Jacqueline Peschard, prestigiosa académica con destacada trayectoria en temas de transparencia y rendición de cuentas. Lamentablemente, en los Estados aún están pendientes de conformar la mayoría de los comités ante la debilidad en una masa crítica ciudadana que empuje la construcción de estas instituciones.

En este proceso de construcción se “ha evidenciado la fragilidad de nuestro sistema político”, dice Peschard. Un factor que amenaza la integridad del país y de sus instituciones.