Por Jaime Santoyo Castro

El Instituto Mexicano del Seguro Social es, sin duda, una de las instituciones más importantes que México ha construido para proteger la salud y la seguridad social de los trabajadores y sus familias. Nacido de una profunda aspiración de justicia social, el IMSS se convirtió en un referente de solidaridad, al ofrecer protección frente a la enfermedad, los riesgos de trabajo, la invalidez y otras contingencias de la vida.

Sin embargo, hoy enfrenta dificultades que no podemos ignorar. La saturación de los servicios, la falta de medicamentos e insumos, las deficiencias de mantenimiento, la insuficiencia de espacios y personal médico, así como los prolongados tiempos de espera para consultas, estudios y procedimientos, forman parte de los problemas que denuncian numerosos derechohabientes.

A ello se suma el reclamo del propio personal médico, de enfermería y administrativo, que demanda condiciones adecuadas para desempeñar sus responsabilidades. No podemos exigir una atención eficiente a quienes carecen de los elementos indispensables para proporcionarla.

Por su parte, los patrones continúan obligados al pago de las cuotas de seguridad social, aun cuando sus trabajadores enfrentan dificultades para recibir oportunamente los servicios médicos a los que tienen derecho. Esto genera inconformidad y pone sobre la mesa una pregunta legítima: ¿cómo garantizar que las contribuciones se traduzcan efectivamente en servicios de calidad?

El problema adquiere una dimensión todavía mayor ante los proyectos de ampliación y universalización de los servicios públicos de salud. Antes de asumir nuevas responsabilidades, resulta indispensable asegurar que existan infraestructura, personal, equipamiento y recursos suficientes para atenderlas.

Pero frente a esta situación debemos preguntarnos: ¿qué podemos hacer los ciudadanos para contribuir al rescate del Seguro Social?

Considero que ha llegado el momento de pasar de la queja a la propuesta y de la inconformidad a la participación organizada.

El IMSS no es una institución ajena a la sociedad. Su propia estructura reconoce la participación del Gobierno, los trabajadores y los patrones. Por ello, resulta necesario que estos sectores ejerzan plenamente su responsabilidad de vigilancia, evaluación y propuesta.

Una primera acción sería promover la integración de observatorios ciudadanos de la seguridad social, con participación de organizaciones de trabajadores, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, universidades y representantes de los derechohabientes.

Estos organismos podrían documentar las deficiencias de las unidades médicas, identificar las necesidades más urgentes y formular propuestas concretas de solución, sin interferir en las decisiones médicas ni en la administración institucional.

Una segunda acción consistiría en exigir un diagnóstico público de las condiciones de cada hospital y clínica: número de pacientes atendidos, personal disponible, medicamentos faltantes, equipos fuera de servicio, tiempos de espera y necesidades de mantenimiento.

No se trata solamente de saber cuánto dinero recibe el Instituto, sino de conocer cómo se utiliza y cuáles son los resultados.

También resulta indispensable modernizar los sistemas de atención. Es inadmisible que, en una época de extraordinarios avances tecnológicos, muchos pacientes tengan que realizar trámites repetitivos, trasladarse innecesariamente entre unidades médicas o esperar durante meses sin información clara sobre sus consultas especializadas o estudios diagnósticos.

Un sistema electrónico eficaz de citas, referencias, contrarreferencias atención médica a distancia y seguimiento de pacientes podría representar un avance significativo.

Otra medida sería establecer mecanismos permanentes de diálogo entre autoridades, personal médico y derechohabientes. Nadie conoce mejor las necesidades de un hospital que quienes diariamente trabajan en él y quienes acuden buscando recuperar su salud.

La participación ciudadana, desde luego, no significa sustituir las responsabilidades del Estado ni aportar recursos adicionales para cubrir sus deficiencias. Significa vigilar, proponer, exigir transparencia y acompañar las acciones destinadas a mejorar los servicios.

También debemos reconocer que el IMSS ha impulsado programas de ampliación de infraestructura y productividad médica. Lo importante es que sus resultados sean medibles y que los avances anunciados se reflejen en la experiencia cotidiana de los pacientes.

Salvar al IMSS no puede convertirse en una bandera partidista ni en un instrumento de confrontación política. Es una causa social que debe reunir a trabajadores, empresarios, profesionistas, autoridades y ciudadanos, independientemente de sus preferencias políticas.

La salud no admite improvisaciones, y mucho menos indiferencia.

No podemos resignarnos a que un trabajador enfermo tenga que elegir entre esperar indefinidamente una consulta o comprometer el patrimonio de su familia para atenderse en un hospital privado.

Tampoco podemos aceptar que médicos y enfermeras tengan que enfrentar diariamente las consecuencias de carencias que no está en sus manos resolver.

El Seguro Social pertenece a la historia de las grandes conquistas sociales de México. Su fortalecimiento exige decisiones institucionales, recursos suficientes, administración eficiente y una ciudadanía vigilante y participativa.

No esperemos a que el deterioro sea irreversible para actuar. El IMSS necesita soluciones, no solamente discursos; participación, no indiferencia; y compromisos verificables, no promesas.

Porque defender al Seguro Social es defender la salud, la dignidad y la seguridad de millones de familias mexicanas.

Fotografía:cuartoscuro