Por Jaime Santoyo Castro

No podemos más que sorprendernos de la absurda decisión de quien es responsable de la educación en el país, al pretender anticipar el fin de cursos del ciclo escolar por un lapso de 27 días hábiles, sin ponderar los graves efectos que ello provocaría no sólo en la formación académica de los niños, sino también en la dinámica familiar, en la economía de los hogares y en el entorno social.

La sola idea de reducir los días efectivos de clases pareciera provenir de una visión profundamente equivocada del papel de la educación en el desarrollo nacional. Resulta inconcebible que una propuesta de esta naturaleza emane precisamente de quienes tienen la obligación constitucional y moral de fortalecer el aprendizaje, combatir el rezago educativo y garantizar mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

Más grave aún resulta que se convoque a las autoridades educativas de los estados para validar una medida que, lejos de impulsar el conocimiento, pareciera normalizar la mediocridad y el abandono institucional.

Estamos hablando de una reducción sustancial del tiempo de enseñanza en un país que ya enfrenta severos problemas de comprensión lectora, razonamiento matemático y aprovechamiento escolar. México arrastra desde hace años indicadores alarmantes en materia educativa; millones de estudiantes presentan rezagos acumulados, particularmente después de la pandemia. En ese contexto, disminuir aún más el tiempo de permanencia en las aulas equivale prácticamente a rendirse frente al desafío educativo nacional.

Además, una medida así podría entrar en abierta contradicción con lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley General de Educación, que establece que el calendario escolar deberá contener un mínimo de 185 días efectivos de clase para los educandos. La ley no fija esa cifra de manera caprichosa; responde precisamente a la necesidad de garantizar un mínimo indispensable de formación académica y convivencia escolar.

Pero el problema no termina ahí. La decisión también profundizaría la desigualdad social y educativa. La propuesta estaría dirigida principalmente a las escuelas públicas, mientras que muchos planteles privados continuarían sus actividades normales. En otras palabras: habría niños de primera y niños de segunda categoría. Mientras algunos seguirían recibiendo educación continua, otros serían enviados a sus casas bajo el argumento de ajustes administrativos o climáticos, ampliando todavía más la brecha entre quienes tienen más recursos y quienes dependen exclusivamente del sistema público.

A ello debe añadirse el enorme impacto familiar y social. Millones de madres y padres tendrían que reorganizar abruptamente sus actividades laborales para atender a sus hijos en casa. En muchos casos, esa carga recaería principalmente sobre las mujeres, quienes históricamente han asumido de manera desproporcionada las tareas de cuidado. La consecuencia sería una afectación directa a su desarrollo profesional, económico y personal.

Y existe otro riesgo todavía más delicado: dejar a miles de niños y adolescentes sin actividades escolares durante casi un mes adicional podría incrementar los niveles de ocio improductivo, exposición a violencia, adicciones, pandillerismo o uso excesivo de dispositivos digitales y redes sociales sin supervisión adecuada. La escuela no sólo educa; también protege, estructura hábitos, fomenta convivencia y brinda estabilidad emocional y social.

Resulta contradictorio que, mientras en muchos países se discute cómo ampliar horarios escolares, fortalecer capacidades tecnológicas y mejorar competencias académicas, aquí se plantee reducir el tiempo de aprendizaje como si educar fuera un obstáculo y no una prioridad nacional.

La educación nunca debe verse como un gasto ni como una carga burocrática. Es la herramienta más poderosa para combatir la pobreza, la violencia, la desigualdad y la ignorancia. Reducirla deliberadamente equivale a debilitar el futuro del país.

México necesita más escuelas, mejores maestros, más ciencia, más lectura, más arte y más formación cívica; no menos días de clase. Porque cuando un gobierno reduce el acceso efectivo a la educación, lo que termina reduciendo en realidad son las oportunidades de toda una generación.