Por José Guillermo P.H.

Defender la soberanía nacional es, sin duda alguna, uno de los principales roles de un Estado. En el caso de México, el gobierno federal está obligado a defenderla; así lo ha anunciado la presidenta luego de que se diera a conocer que el gobierno de Estados Unidos exige la extradición del gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios, entre ellos un senador de la República.

Es verdad que la presidenta debe defender la soberanía de nuestro país, pero poco habla de ejercer esa soberanía que, desde hace tiempo, el Estado mexicano ha ido perdiendo frente a los grupos del crimen organizado en amplias zonas del país.

No es ningún secreto la afinidad que el expresidente Andrés Manuel López Obrador guardaba con los grupos criminales. Bajo el pretexto de la no violencia, su política de «abrazos, no balazos» fue un caldo de cultivo para la proliferación de un mal que ya de por sí aquejaba a nuestro país y que, como un cáncer, se fue apoderando de vastas zonas del territorio, en donde los criminales imponen su ley por encima de la ley de los mexicanos.

Desde el inicio de su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró en los hechos un cambio radical de rumbo en la estrategia de seguridad. Si bien el discurso se mantiene prácticamente idéntico al del expresidente, la verdad es que, de la mano del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, los operativos, capturas y abatimientos en contra de los cárteles volvieron a ser parte de las noticias frecuentes en nuestro país, lejos de ser una excepción como ocurrió durante el sexenio pasado.

Sin embargo, hasta el momento se ha mostrado una marcada reluctancia por parte de la presidenta a ejercer acciones contra los políticos de su propio movimiento con presuntos vínculos con el crimen organizado; la opinión pública sabe quiénes son, las agencias de investigación estadounidenses lo saben y, desde luego, la presidenta también lo sabe.

La acusación por parte del gobierno estadounidense es, sin duda, una clara injerencia en la política y las leyes mexicanas, una injerencia a la que nuestras autoridades abrieron la puerta al no ejercer esa soberanía que tanto dicen defender.

La exigencia no debe ser ceder ante los caprichos del presidente norteamericano, sino atender la demanda del pueblo mexicano de acabar con la impunidad, que se investigue y castigue a quienes rompan las leyes de nuestro país. Para poder hablar de soberanía, es la ley de los mexicanos la que debe regir sobre todo nuestro territorio; no la de un gobierno extranjero, ni la de un grupo criminal.