Para frenar a grupos criminales que buscan fortalecer su influencia política mediante la cooptación de aspirantes a cargos de elección popular

Durante la Conferencia de este jueves 4, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, expuso que es necesario actuar con una guía clara sobre todo a nivel municipal y zonas más vulnerables ante la delincuencia, en coordinación con los tres niveles de gobierno.

Primero, se hace un llamado respetuoso a partidos políticos y autoridades electorales para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley.

Segundo, establecer mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad, los partidos políticos, fiscalías y autoridades locales para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos vinculados a la delincuencia organizada.

El tercer aspecto es consultar a los gobernadores la aplicación de la Estrategia, con énfasis en las medidas de protección a personas candidatas amenazadas.

En cuarto lugar, está el reforzamiento de la Estrategia de Seguridad en las entidades federativas y municipios de alto riesgo.

El quinto aspecto es la atención a los aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado, previa apertura de carpetas de investigación y determinación de niveles de riesgo y protección.

Además, a raíz del diálogo entre instituciones, se acordó establecer protocolos territoriales especializados, según el nivel de violencia política, incidencia delictiva y riesgos detectados para el proceso electoral.

Todos con el objetivo de detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y sancionar las acciones del partido del crimen y la delincuencia que asesina, extorsiona, coopta y secuestra a aspirantes, candidatos y servidores públicos, sobre todo del ámbito municipal, buscando imponer sus candidatos a quienes ofrecen financiamiento.

El próximo 6 de junio en México habrá comicios para elegir 500 diputaciones federales; 15 gubernaturas; más de mil 900 presidencias municipales; mil 63 posiciones en congresos locales y más de 17 mil espacios entre regidurías, sindicaturas y concejales. En suma, más de 21 mil cargos.

En tanto, de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 víctimas de homicidio, en algunas regiones del país.

El diagnóstico arroja que actualmente más de la mitad de los eventos de violencia política con asesinados y heridos se presenta en 7 entidades: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.

Por otra parte, en Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco existe mayor riesgo de que los aspirantes y candidatos sean cooptados por grupos delincuenciales.

Entre sus estrategias de violencia están el homicidio, los secuestros, la privación de la libertad, la intimidación de familias, la quema de domicilios y la extorsión.

Cooptan acercándose a los precandidatos y se coluden con actores políticos y gobiernos locales desde antes del proceso electoral.

Ofrecen financiamiento o donativos en especie o les otorgan protección y personal para sus campañas.

En algunas regiones, agregó Rodríguez, el crimen está intentando designar candidatos, tomando el control de las finanzas, extorsionan, piden moches y diezmos, tanto a los gobiernos como a sus proveedores.