Después de que el gobernador de Sonora solicitara a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que done las armas incautadas de la delincuencia organizada a las policías municipales, el general Luis Cresencio Sandoval explicó que esto no es factible.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador en el municipio de Cajeme, Sonora, el titular de la Sedena aclaró que el marco legal vigente establece que una vez que se aseguran las armas, deben ser entregadas al ministerio público y, aunque se determine que no están relacionadas con algún delito, deben ser destruidas.

En el caso de que estén vinculadas a un homicidio u otro delito, deben quedar bajo custodia ministerial, ya que se consideran evidencia.

«Tenemos una cantidad considerable de armas resguardadas a disposición de los ministerios públicos, pero podríamos analizar cómo podríamos cumplir con esta solicitud», respondió el general Sandoval al gobernador de Sonora.

El gobernador de dicho estado explicó que la iniciativa surge a raíz del decomiso de armamento realizado por la Sedena en marzo de este año, donde se logró confiscar a grupos delictivos 128 armas largas, 38 armas cortas, 19 ametralladoras y seis fusiles de asalto calibre .50, además de 2.8 millones de cartuchos de diferentes calibres.

Reconociendo la necesidad de que los cuerpos de seguridad municipales cuenten con suficiente armamento para enfrentar a la delincuencia, el secretario de la Defensa explicó que existe un proyecto en la industria militar para aumentar la capacidad nacional de producción de armas de fuego y cartuchos.

«Una vez que la infraestructura en Puebla esté finalizada, podríamos tener la posibilidad de fabricar armas similares a las que producimos para nuestra institución, también para las policías», señaló Sandoval, asegurando que esto facilitaría tener un control nacional de las licencias de armas de fuego y, al mismo tiempo, reducir la dependencia del extranjero para adquirirlas, ya que los trámites suelen llevar mucho tiempo, casi un año