Durante más de un año, la iniciativa de Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado ha estado estancada en la legislatura de Zacatecas. Esta iniciativa, presentada por el diputado José Luis Figueroa Rangel desde el 22 de febrero de 2022, tiene como objetivo salvaguardar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de quienes ejercen la libertad de expresión.

Después de transcurrir 15 meses desde que la propuesta fue turnada a la comisión legislativa de Justicia, el legislador independiente anunció que se acerca el siguiente paso, que sería el proceso de dictaminación y aprobación de la ley para su implementación.

Se anticipa destinar inicialmente un millón 200 mil pesos para garantizar los mecanismos de protección de reporteros, comunicadores y defensores de los derechos humanos que lo requieran, de acuerdo con lo establecido en la ley una vez que sea publicada.

El legislador destacó la necesidad de esta legislación debido a la creciente amenaza que enfrentan los comunicadores en los municipios y regiones donde se les impide publicar información, especialmente en áreas con altos niveles de violencia e inseguridad. Reconoció que grupos criminales ejercen una especie de «mordaza» en varias partes del país.

En la exposición de motivos que acompaña a la iniciativa, se menciona que en Zacatecas existen alrededor de 40 estaciones de radio, más de 10 canales de televisión, 10 diarios impresos y un número considerable de sitios web informativos.

La ley contempla nueve derechos para los periodistas, siendo el primero el reconocimiento de su actividad profesional como de interés público, lo cual implica que debe ser tutelada y protegida por el Estado. Además, se reconoce el derecho a la protección contra riesgos a su integridad, el derecho a mantener el secreto profesional de sus fuentes, el acceso libre a la información generada y en proceso de generación, la capacitación continua y la reparación integral en caso de daños a su integridad.

Asimismo, la ley establece el deber del Estado de salvaguardar la ética periodística a través de la cláusula de conciencia y de penalizar a aquellos responsables de obstaculizar, interferir, limitar o atentar contra la actividad periodística y la libertad de expresión.