Por Irene Escobedo López

De los 109 fideicomisos avalados para su extinción por la Cámara de Diputados, Zacatecas perderá sólo algunos como el Fondo Mixto para la investigación científica y tecnológica, que a través del Conacyt operaba para uno de los proyectos estandarte de la actual administración, como es Quantum Ciudad del Conocimiento.

El Fideicomiso benefició al Estado, dotándolo de un parque científico con todas las cualidades de primer mundo, obviamente con empresas que son punta de lanza en su sector, con las que se realizó una buena labor de convencimiento para venir a formar parte del espacio, pues la mayoría de ellas como las del grupo Carso, Lasec o el propio Centro de Desarrollo Espacial cuentan con la capacidad técnica y presupuestal para instalarse en donde les venga en gana.

Con la inversión de 125 millones que el gobernador Alejandro Tello le inyectó a Quantum este año, la obra se queda al 50 por ciento que ya sin la aportación federal, será un asunto para resolver en lo mediato, seguramente por una nueva administración estatal que deberá tener la visión futurista de lo que este espacio representa para la ciencia y la tecnología, para los jóvenes y para el desarrollo del Estado.

Otro fondo cancelado para Zacatecas es el “Fideicomiso irrevocable de Administración del Museo de Arte Virreinal de Guadalupe” que según la autoridad federal ya estaba en ceros, pero que fue evaluado como poco trasparente. El Museo hace poco ruido, es cierto, pero se vio envuelto en una serie de altibajos en 2018 cuando los custodios contratados por el INHA, estarían siendo reemplazados por guardias de empresas de seguridad privada. Además se habría advertido de un posible daño patrimonial en cuadros y pinturas de arte sacro que estarían siendo manejados sin los protocolos debidos dentro del museo por parte de los nuevos guardias.

Aunque indirectamente, el Estado será impactado también por la cancelación de fideicomisos como el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas de Violencia. El asterisco se lo asignan a la corrupción encabezada principalmente por los abogados defensores, que al parecer fueron beneficiados de estos recursos, cuya inversión en el 2020 fue del orden de los 430 millones de pesos y precisamente más del 80 por ciento habrían sido pagados como reparación del daño en delitos federales y por concepto de violación de derechos cometidos por autoridad federal.

Ahora las víctimas de violencia, quedarán sin recursos pero también sin justicia y quién sabe si también sin abogados que ya no podrán aspirar a meterle mano a los recursos destinados para la reparación de daños, que es el dinero del que muchas personas disponen para el pago de honorarios de los litigantes.