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Justicia a empleadas del hogar

Jaime Santoyo Castro

En julio de 2011, la Organización Internacional del Trabajo emitió el Convenio 189 para garantizar los derechos laborales de empleadas o empleados del hogar, y en él se establece que “las trabajadoras domésticas no son ni sirvientes, ni miembros de la familia, ni trabajadores de segunda clase y señaló la obligación para los Países integrantes, (entre ellos México), de realizar una serie de acciones para propiciarles justicia.

Este Convenio viene precedido por una serie de luchas de hombres y mujeres contra un histórico trato discriminatorio, de maltrato y humillaciones, y del uso de expresiones despectivas e irrespetuosas, que nos recuerdan las épocas de esclavitud. Por ello es bienvenido este convenio a México, en donde, según cifras de INEGI, hay más de 2.3 millones de personas que se dedican al trabajo del hogar y el 90% son mujeres, que laboran en condiciones adversas, con jornadas hasta de doce horas, sin derechos laborales ni seguridad social, ni contrato, ni pensión, ni ahorro, ni vivienda.  Si se enferma, no trabaja y por tanto no tiene derecho a servicio medico ni a pago, ni un horario adecuado, ni descansos ni vacaciones.

A efecto de cumplir con este compromiso internacional, el Presidente López Obrador envío al Senado de la República el citado convenio, para que lo analice y en su caso, lo ratifique, y propicie justicia.

El Diario “El Universal”, menciona que este documento fue enviado al Senado de la República por el mandatario, con un mensaje en el que señala que “corresponde al Estado mexicano propiciar condiciones más justas en todos los ámbitos de la vida cotidiana”, con lo que ningún mexicano puede estar en desacuerdo, sobre todo al referirse a un sector tan importante para nuestra sociedad, como lo es el de los y las trabajadoras domésticas, de quien con frecuencia se dice que “son la felicidad del hogar”, pues han permitido que otro tanto número de mujeres se incorpore a la vida productiva o cultural de nuestro país, tendiendo el apoyo de las trabajadoras del hogar.

Ojala que en perfecta armonía con esta exigencia de justicia laboral, se propicien estímulos fiscales y normas facilitadoras para los empleadores o empleadoras de las mismas, de manera tal que no se convierta en una carga que inhiba el empleo en este sector, y que tampoco decaiga la atención en el IMSS al incrementarse el número de derechohabientes.