Antonio Sánchez González. Médico.

La cobertura sanitaria universal es una opción política. Liderazgo sólido y buena gobernanza son requisitos indispensables de un país que pretenda un sistema de salud de alta calidad, eficiente y equitativo. Pero existe un impedimento tácito amenaza la viabilidad de estos modelos de atención sanitaria: la corrupción.

Corrupción es un término que señala suciedad, pero que apenas genera conmoción entre los que trabajan en sistemas sanitarios del mundo. Transparencia Internacional lo ha llamado la «pandemia ignorada». Sabemos que ocurre, pero nos hacemos de la vista gorda cuando se menciona: es el epítome del elefante en la habitación. Recientemente, sin embargo, ha habido un claro repunte en la voluntad de los organismos intergubernamentales, expertos en políticas e investigadores de mirar al elefante a la cara. Tanto así que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) postulados por Naciones Unidas se define claramente como «reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas”. Los sistemas de salud tienen su viabilidad en riesgo y parece que no hay alternativa más que enfrentar el problema en los próximos años.

Una definición de corrupción del diccionario es «conducta deshonesta o fraudulenta por parte de quienes están en el poder, que normalmente implican soborno». Sin embargo, la corrupción dentro de los sistemas de salud no se limita a los niveles más altos. Según Transparencia Internacional, la corrupción en los sistemas de salud también incluye el ausentismo (obtener ingresos adicionales por trabajar en otro lugar durante las horas de trabajo remuneradas); pagos informales de pacientes (voluntarios o involuntarios); robo y malversación (de dinero o productos médicos); tratamientos innecesarios o cobros por tratamientos o procedimientos diagnósticos no practicados; favoritismo (el típico paciente con recomendación del influyente); y manipulación de datos (por ejemplo, facturación fraudulenta). En otras palabras, el fenómeno de la corrupción en el ámbito de la atención de la salud está profundamente arraigado y a menudo forma parte del proceso de atención de cada enfermo. En el extremo, esta llamada «corrupción de supervivencia» podría ser muy conveniente para los gobiernos, que podrían reclamar créditos por financiar servicios de salud cuando en realidad la población ya está pagando la factura o utilizarlo también como arma política.

El reciente interés en exponer la corrupción ha evidenciado el costo de nuestra complacencia. Un estudio médico ampliamente citado parece demostrar que el grado de corrupción percibida en un país se correlaciona con la mortalidad infantil -sus autores especulan que las muertes de alrededor de 140000 niños menores de 5 años podrían ser atribuibles a la corrupción anualmente-. Otra investigación inglesa estima que el costo de las prácticas sanitarias corruptas en los siete países con ingresos más altos del mundo equivale a unos 455 mil millones de dólares americanos al año: compare esa cifra con los 371 mil millones de dólares que se estiman necesarios para lograr los ODS relacionados con la salud para 2030.

La corrupción es, entonces, un problema que afecta a los sistemas sanitarios del mundo y no solo al Seguro Popular mexicano e, igual que el resto del mundo, los mexicanos tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo las preguntas correctas antes de empezar a tratar de inventar soluciones: ¿qué está impulsando una forma particular de corrupción (hábito, falta de opciones, supervivencia)? ¿Quién obtiene beneficios (está dentro o fuera del sector de la salud)? ¿Quién puede marcar la diferencia (es decir, quién se beneficiará de la eliminación de la corrupción)? Es necesario orientar las nuevas políticas e intervenciones en lugar de dar palos de ciego: centrarse en lo que más importa para el sistema de salud y en medidas factibles. Es esencial un enfoque multidisciplinario y holístico.

En resumidas cuentas, el Seguro Popular fue abolido con la muy fundada justificación del combate a la corrupción que nos afecta a todos, sin embargo, el INSABI no parece estar fundamentado en el combate de los factores que se conoce que generan corrupción en el ámbito de la atención de la salud y sugiere que se trata más bien de un arma política.